El pasado mes de mayo, el magistrado remitió al organismo una consulta sobre la aplicabilidad de una posible pena a los procesados por su presunta participación en EL delito de genocidio, ocurrido en Orellana, el 30 de marzo del 2013.
En esa época, miembros de la comunidad Waorani atacaron a integrantes de la comunidad Taromenani en supuesta venganza por la muerte de una pareja de ancianos. En el ataque habría fallecido un número aún no determinado de indígenas taromenani. 2 niñas de esa etnia fueron llevadas a la comunidad waorani de Yarentaro.
Manuel Viteri, juez ponente de la CC, estableció 20 minutos para que las partes sustenten el juzgamiento para los presuntos involucrados.
La Fiscalía General de la Nación busca la aplicabilidad de la justicia ordinaria. Galo Chiriboga, titular del organismo, manifestó que no se va a permitir jamás que la reparación de las muertes sea ejecutada como una venganza.
En representación de la Procuraduría General del Estado, Magaly Ruiz Castro, sugirió al pleno disponer la realización de un informe técnico-antropológico, tomando en cuenta los tratados internacionales de los Derechos Humanos.
Patricio Pazmiño, defensor Público Penal, recordó que el Ecuador ratificó el convenio 169 que obliga a los estados respetar las costumbres de los pueblos. El representante de los procesados argumentó, además, que no se puede aplicar medida privativa de libertad.
Por ello, presentó ante el pueblo tres propuestas: declaración de la competencia de la CC y que se de paso a resolver conflictos propios entre las nacionalidades indígenas. Segundo, que la CC determine una pena alternada en el caso en que se establezca un delito atenuado. Tercero, una salida negociada; es decir, que las organizaciones Waorani definan una salida intercultural.
Ante tal pronunciamiento, Chiriboga reiteró: «no podemos permitir un espacio de impunidad, tampoco de amenaza. El Estado es responsable de garantizar la vida de los pueblos en aislamiento».
Fuga de integrantes waorani
El Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos de genocidio y etnocidio, establece que la pena será de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria. Hasta la fecha hay 17 personas inculpadas, 7 de ellas se encontraban con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos. No obstante, el pasado domingo tres personas se dieron a la fuga; uno de ellos fue recapturado.
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia y Derechos Humanos, informó que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del escape de los internos. De momento, dos guías penitenciarios se encuentran con prisión preventiva, luego de la respectiva audiencia de formulación de cargos. Jorge Yeti, portavoz de la comunidad de Yarentaro, aseguró que la responsabilidad de la fuga es de los guías. Aseguró que los guías se encontraban en estado etílico.
De su lado, Andrés Acaro, abogado de los indígenas, indicó que los fugados habrían llegado hasta el Río Napo. «Ellos son personas que conocen su territorio. Para ellos no debió ser difícil llegar hasta esa zona», señaló. Los siete indígenas waorani fueron detenidos el 26 de noviembre de 2013.
