La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictará el 19 de abril su fallo sobre la destitución en 2004 de ocho vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador, informó el organismo al término de una sesión especial celebrada en Medellín.
Este es el primer caso que la CorteIDH aborda en Colombia, donde ayer comenzaron una serie de sesiones extraordinarias de este tribunal supranacional con el caso del cese de los magistrados.
«La Corte ha escuchado atentamente este caso sobre independencia judicial y mecanismos de control, y tiene elementos valiosos para tomar una decisión, porque incluso hemos escuchado sobre un allanamiento parcial por parte del Estado, por eso la Corte estudiará y analizará con cuidado el tema», afirmó el presidente del tribunal, Diego García-Sayán.
Agregó que ahora «las partes tienen tiempo de presentar sus alegatos por escrito hasta el 19 de abril, después de lo cual la Corte tendrá todos los elementos para pronunciarse y dictar una sentencia final sobre este caso».
El caso se remonta al 25 de noviembre de 2004 cuando ocho vocales del Tribunal Constitucional fueron destituidos por una resolución del Congreso, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Ese hecho ocurrió días antes de que el Legislativo nombrase a la «Pichicorte». El representante de uno de los vocales cesados, Ramiro Valdivia, indicó que los magistrados «no contaron con garantías procesales, ni con la posibilidad de defenderse en relación con la cesación, y no existieron garantías procesales en la segunda votación de juicio político».
«Se violó el principio de legalidad, el de igualdad y el de garantías al realizar un juicio contra ellos extremadamente arbitrario y con vicios de procedimiento», apuntó Valdivia.
El representante del Estado ecuatoriano, Carlos Espín, respondió que no existen violaciones a los derechos humanos en este caso, al justificar que se actuó en favor de una justicia independiente.
«El Estado no viola los derechos, existen pruebas y evidencias incorporadas en los expedientes que así lo comprueban», remarcó.
Espín pidió a la CorteIDH una sentencia «que ayude a la sociedad civil ecuatoriana a impulsar una justicia independiente para que no exista impunidad en casos como estos». Las sesiones de este tribunal que opera al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA) durarán toda la semana.
