El diálogo por la paz en Colombia entró hoy en una nueva ronda con un llamamiento de la guerrilla para volver a la agenda pactada y dejar para más adelante la propuesta del Gobierno para que la ciudadanía refrende los acuerdos que puedan alcanzarse en esta negociación que se lleva a cabo en La Habana.
«Ahora urge volver al orden de la agenda, atendiendo a lo que está pactado desde los inicios del diálogo, lo cual ninguna de las partes puede pretender variar, tal como en ocasiones ha ocurrido por acción unilateral del gobierno», afirmaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un comunicado leído ante los medios al iniciarse la décimo cuarta ronda negociadora.
El equipo negociador del Gobierno, encabezado por el exvicepresidente Humberto de la Calle, no ofreció declaraciones a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, aunque antes de viajar a Cuba manifestó su decisión de impulsar «a fondo» las conversaciones.
El inicio de un nuevo ciclo de diálogo coincide con cambios ministeriales en el Gobierno, una prolongada huelga del campesinado colombiano y un momento de baja popularidad para el presidente Juan Manuel Santos.
El gobernante colombiano configuró la semana pasada un nuevo equipo de ministros en el que, reconoció, es «el momento más difícil» de su mandato, y estimó esos cambios como idóneos para afrontar los actuales problemas del país y acometer una posible transición hacia la paz si hay acuerdo.
La respuesta de las FARC este lunes fue una dura crítica al nombramiento del empresario Rubén Darío Lizarralde como nuevo ministro de Agricultura y a la ratificación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
La guerrilla cuestionó la idoneidad de ambos para ofrecer soluciones a la actual situación en Colombia y reprochó al Gobierno que haya recurrido a «medidas de represión militarista» para afrontar las protestas campesinas desatadas en el país desde hace 20 días.
Según las FARC, esa «criminalización de la protesta ciudadana» ha tenido lugar precisamente cuando la mesa de La Habana tiene en el orden de su agenda el debate sobre la participación política de los guerrilleros y las garantías para partidos y movimientos políticos y sociales de oposición.
El punto de participación política es el segundo de la agenda general del proceso, y aunque hace semanas las partes anunciaron el inicio de la «construcción» de acuerdos, en el último ciclo el tema quedó relegado por la controversia en torno a los mecanismos para refrendar acuerdos.
Ese asunto pertenece al punto sexto y último de la agenda, pero se coló en la mesa después de que Santos anunció un proyecto de ley para convocar un referendo sobre la paz que coincida con las elecciones de 2014 en Colombia.
Las FARC no están conformes con ese proyecto y abogan por validar los acuerdos a través de una Asamblea Constituyente.
La guerrilla recordó hoy que está a la espera del viaje a La Habana de una comisión de congresistas colombianos y de «jefes de partidos políticos» para tratar sobre los mecanismos de refrendación y también sobre su pedido de estatuto para la oposición política.
Según subrayó, esa comitiva debe incluir a miembros del partido Unión Patriótica (UP, izquierda), nacido de un acuerdo en 1985 entre el Gobierno y las FARC y que sufrió el asesinato de miles de sus militantes a manos de paramilitares y fuerzas del Estado.
El pasado 9 de julio el Consejo de Estado de Colombia resolvió devolver a esta formación su personalidad jurídica, lo que permitirá a la UP participar en las elecciones del próximo año.
En su declaración, el grupo rebelde también instó hoy al Gobierno a no seguir dilatando la conformación de una comisión formada por expertos nacionales y extranjeros que estudie el origen del conflicto armado interno.
Desde que en noviembre pasado comenzaron las negociaciones para poner fin al conflicto de 50 años en Colombia, las partes han logrado firmar sólo un acuerdo sobre el espinoso asunto del reparto de la tierra y el desarrollo en el campo, y desde mayo están enfrascados en el punto de participación política.
Cuba y Noruega son las garantes del proceso y Venezuela y Chile actúan como acompañantes.
