La justicia cubana condenó a penas de 4 a 12 años de prisión a tres ex viceministros del Ministerio de Industria Básica, a nueve ex funcionarios de rango menor y a un ex directivo de una empresa pública por “cometer delitos asociados a la corrupción”, informó ayer el diario oficial Granma.
Los imputados fueron condenados por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, a unos 750 kilómetros al este de La Habana, a raíz de las irregularidades cometidas en un proyecto de expansión de una planta de extracción, refinación y comercialización de níquel y cobalto de la empresa Cubaníquel.
Las autoridades cubanas justifican las condenas “en atención a la gravedad” de los hechos y a “la conducta de los acusados, caracterizada por la pérdida de valores éticos y la simulación”, así “como su grado de participación” en los actos de corrupción.
Las irregularidades fueron cometidas “durante el proceso de negociación, contratación y ejecución del proyecto de expansión de la planta Pedro Soto Alba, ubicada en Moa”.
Entre los sentenciados están Alfredo Rafael Zayas López (12 años de cárcel), Ricardo González Sánchez (10 años) y Antonio Orizón de los Reyes Bermúdez (8 años), ex viceministros del Miniserio de Industria Básica, en distintas etapas comprendidas entre 1980 y 2010, que tuvieron alguna participación en el proyecto.
Además, el ex director de Negocios de Cubaníquel, Cristóbal de la Caridad Saavedra Montero, consultor, asesor y experto del proyecto, fue condenado de 6 años. Los otros sentenciados son varios ex funcionarios que recibieron penas de 4 a 8 años de cárcel, de quienes cuatro se desempeñaron en algún momento como directores del proyecto.
En la sentencia, según Granma, el tribunal “aplicó además a todos los acusados las sanciones accesorias de privación de derechos públicos y prohibición de ejercicio de las profesiones y cargos que desempeñaban en el momento de los hechos”.
El diario agrega que durante la investigación y el juicio oral “los acusados contaron con las garantías establecidas en la legislación procesal penal” y ahora tienen la posibilidad, compartida con la Fiscalía, de interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de Cuba.
En los últimos meses los tribunales cubanos han procesado a varios funcionarios por casos de corrupción, en sintonía con la política emprendida por el presidente Raúl Castro de hacer más eficientes y transparentes las empresas estatales y mixtas que operan en la isla.
Entre los casos más sonados destacan los relacionados con los empresarios chilenos Max Marambio y su hermano Marcel, quienes en 2011 fueron juzgados por separado y en ausencia, y sentenciados a 20 y 15 años de cárcel, respectivamente.
Ese mismo año también fueron condenados un ex ministro y un ex viceministro de la industria alimentaria, junto con otros funcionarios del sector, así como directivos y empleados de empresas de la aviación civil y de fármacos biotecnológicos.
