Dahik dijo que “el caso fue resuelto en forma valiente, transparente y jurídicamente sólida por la sala de lo penal y en especial por Hernán Ulloa, quien analizó con total independencia todos los argumentos presentados por la defensa”.
Indicó que el fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, está en su derecho de solicitar la revocatoria de la resolución “pero consideramos que el auto es inapelable”.
Además cuestionó el mal uso de la inmunidad parlamentaria en Ecuador. “Nueve son los casos en la historia ecuatoriana de mandatarios que fueron enjuiciados penalmente, mediante la violación de leyes expresas”.
Dijo que la nulidad absoluta se debe a que el caso se sustentó en supuestas evidencias obtenidas de manera dolosa. “En aquella época, para conseguir de forma ilegal mis estados de cuenta, amenazaron al banco con escandalizar y difundir una supuesta quiebra de la entidad financiera. En el caso de los jueces hubieron presiones similares”.
Asimismo, Dahik preguntó cómo se pudo iniciar un juicio de peculado cuando se presentaron las actas de Contraloría que justifican todos los gastos reservados. “Hemos presentado dos informes de auditorías, de la administración de esa época y la actual, en ambos no existe evidencia de delito alguno”.
Aseguró que los informes también excluyen de responsabilidad a otros implicados como Gladys Merchán y Juan Crespo (excolaboradores).
Aclaró que su retorno al país se debió a los cambios en la Constitución que le permitió legalmente solicitar el cambio de las medidas cautelares y presentarse voluntariamente ante la corte. “Además, otros casos públicos me convencieron que en Ecuador existía independencia en la Corte y sala respectiva”.
Finalmente indicó que llamará a confesión judicial a todos quienes, en esa época, realizaron acusaciones expresas en su contra.
