Los daños causados en las obras del hospital público que se construye en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, después de los operativos de desalojos en la cooperativa Thalía Toral, del viernes pasado, ascienden a 70.000 dólares.
Hace casi una semana fueron incendiadas las instalaciones en construcción, perforadas las paredes en varios puntos y desgarradas las vallas de seguridad.
La Policía detuvo a cuatro personas sospechosas, aunque aún no se determina su grado de participación en la agresión a la obra pública, que se construye desde 2012.
La gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, formalizó ayer la denuncia contra los perpetradores, cómplices y encubridores del hecho en la Fiscalía del Guayas y advirtió que no se permitirán agresiones a los bienes públicos.
La empresa China Camc Engineering, contratada por el Instituto de Contratación de Obras (ICO), explicó Bonilla, fue la que recibió todo el daño. «Al final del día, es dinero del Estado y, por ende, de todos los ecuatorianos y estamos exigiendo que se dé celeridad al proceso (en la Fiscalía)», aseguró la funcionaria.
Ante este escenario, la Fiscalía inició de oficio, el lunes pasado, la indagación previa por los daños registrados en el hospital de Monte Sinaí. La denuncia puesta por la Gobernación del Guayas será adjuntada a la diligencia.
Paúl Ponce, fiscal provincial del Guayas, informó que en esta etapa del proceso no descarta solicitar los videos a los diferentes medios de comunicación que cubrieron los incidentes.
Acotó que el hecho responde más a destrucción de bienes públicos. «Pueden haber concurrencias del delito, es decir, otros delitos, pero eso se determinará en las investigaciones que realice la fiscal a cargo del caso (Rita García)», manifestó Ponce.
Los implicados en este acto, según un comunicado de la Fiscalía, serán procesados por los delitos de sabotaje y terrorismo, establecido en el Código Penal.
El estatuto sanciona con una pena de reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años a quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice los servicios públicos.
Posible acercamiento entre autoridades seccionales
El Municipio y el Gobierno Nacional, a través del alcalde Jaime Nebot y la gobernadora Viviana Bonilla, se han invitado mutuamente para dialogar sobre la situación de las familias asentadas en Monte Sinaí.
El burgomaestre puntualizó ayer que solo podrá intervenir con legalizaciones de terreno y obras en el sector, si la Procuraduría rectifica y cambia las estipulaciones de restricción en la zona.
En el documento remitido por la Procuraduría a la Alcaldía se señala que «corresponde por lo tanto al Gobierno realizar las expropiaciones, pagar a los propietarios, legalizar las tierras, entregar los títulos a quienes legalmente vivan allí y les corresponda».
Por su parte, la representante del Ejecutivo en la provincia aclaró que el área restringida por el Decreto 607 corresponde solo al 2% de Monte Sinaí. «Hay casi mil hectáreas que el Municipio puede legalizar, pero no se permitirá la legalización de los asentamientos registrados después de diciembre de 2010», afirmó Bonilla.
En cuanto a las viviendas construidas antes de esa fecha «se respetarán esos espacios, serán legalizadas poco a poco, por supuesto, de la mano del Municipio, porque es el que tiene la potestad».
La funcionaria manifestó que los operativos de desalojos se centran también en áreas distintas a Monte Sinaí, ya que esta zona representa una pequeña parte del total de asentamientos ilegales en el noroeste de la ciudad.
