Cinco trámites inició la Fiscalía para investigar los hechos relacionados a la rebelión policial e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010. De estos, las autoridades judiciales han dictado sentencia en dos –absolviendo a todos los acusados-, y los otros se encuentran en diferentes instancias procesales.
Hasta el momento los jueces no han sentenciado penalmente a ningún responsable, pese a que el Gobierno insiste en la gravedad de lo ocurrido. Según datos oficiales, en la revuelta participaron 1 199 policías y militares, de los cuales solo 5 han recibido sentencia como inocentes.
El “reclamo” por el supuesto perjuicio a los beneficios policiales por la aprobación de la Ley de Servicio Público en la Asamblea, dejó el pasado 30 de septiembre un saldo de 8 muertos y 270 heridos mientras el presidente Correa permanecía retenido en el hospital policial, rodeado en las afueras por unos 800 amotinados armados.
Los delitos investigados por la Fiscalía son: atentado contra la seguridad interna del Estado; rebelión policial; tentativa de asesinato; atentado contra la seguridad interna del Estado (en la que están señalados los miembros de la Escolta Legislativa); y la irrupción violenta de un grupo de personas a las instalaciones de la televisión pública Ecuador TV.
El primer juicio fue en contra del dirigente del partido opositor Sociedad Patriótica, coronel retirado Fidel Araujo, acusado de supuestamente incitar a la rebelión en el Regimiento Quito. El IV Tribunal de Garantías Penales lo declaró inocente el 3 de abril de 2011.
El 13 de mayo, el coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y los policías Luis Martínez, Jaime Paucar y Luis Bahamonde, acusados de intento de magnicidio, fueron declarados inocentes.
De ellos, Luis Martínez fue identificado como el agente que a través de la radiopatrulla llamaba a sus compañeros policías a asesinar al presidente Rafael Correa.
Durante la audiencia, el policía Paucar -quien intentó quitarle la máscara antigas a Correa en el regimiento Quito, cuando el mandatario daba muestras de asfixia en medio de una nube de gas lacrimógeno- ofreció disculpas públicas al mandatario y argumentó que nunca quiso causarle daño. Los jueces lo declararon inocente.
Bahamonde, quien roció con gas pimienta el rostro del Jefe de Estado cuando éste intentaba recuperarse de las agresiones físicas y de la explosión de una bomba lacrimógena a centímetros de su humanidad, también fue absuelto.
En el juicio contra el coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa, y cinco policías por atentado a la seguridad interna del Estado por impedir que se reúna la Asamblea, la semana pasada se agotó la etapa de recolección de pruebas y alegatos y este 27 de junio podría conocerse el dictamen del juez II de Garantías Penales.
El juicio contra 47 policías acusados de rebelión se encuentra actualmente en etapa preparatoria en el Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha, según información del Ministerio de Justicia.
Mientras, en el proceso por la toma violenta de la televisión del Estado está por fijarse fecha para la audiencia. En este caso –al igual que en otros- están vinculados activistas cercanos al derrocado presidente Lucio Gutiérrez.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
La semana pasada 113 militares fueron sancionados de acuerdo al Reglamento de Disciplina, tras determinar que hubo 108 faltas graves y cinco leves durante la jornada del 30 de septiembre del 2010, cuando ocurrió la insubordinación policial y la toma de la pista de la base aérea Mariscal Sucre de Quito por parte de miembros de la Fuerza Aérea.
Los miembros del Tribunal de Disciplina de las Fuerzas Armadas explicaron que no existe una figura que plantee sanciones por “sublevación y toma de la pista aérea”, por lo cual era ilógico juzgar un acto no tipificado en la ley. Lo que hicieron fue ajustar los sucesos de acuerdo al reglamento que rige dentro del ámbito militar, sin excluir a los llamados que pueda realizar contra ellos la justicia ordinaria (Fiscalía o Contraloría).
El 30 de septiembre, a partir de las 09:00, un grupo de miembros de la FAE bloqueó la pista del aeropuerto, por lo cual se paralizaron las operaciones hasta las 19:27. Fueron cancelados 124 vuelos nacionales (62 de llegada y 62 de salida), así como 40 vuelos internacionales.
En la Policía, 1 086 uniformados fueron sancionados por participar directa o indirectamente en la sublevación. El inspector general de la Policía, Nelson Argüello, informó que del total, 907 fueron sancionados administrativamente y 179 están en proceso de calificación por mala conducta, a órdenes de los Consejos, de acuerdo con su jerarquía.
De las 907 sanciones, 50 fueron para jefes, 56 para oficiales subalternos y 801 entre clases y policías. En cuanto al número de uniformados procesados por rebelión, hay 175 casos. Además, se dictaron medidas cautelares para 5 jefes, 5 oficiales subalternos, 26 clases y policías. Y se dispusieron órdenes de los Consejos para 7 jefes, 16 oficiales subalternos y 103 clases y policías.
De ellos, la semana pasada se notificó de la baja por mala conducta profesional al exjefe de la Escolta Legislativa, Rolando tapia, y tres oficiales superiores más: coronel Marcelo Augusto Armijos Núñez y los tenientes coroneles Pablo Salazar Pérez y otro que aún no se le notifica, por lo que no es posible publicar su nombre.
