La ministra de la Política, Doris Soliz, explicó hoy que el objetivo de la Consulta Popular desde la perspectiva del presidente Rafael Correa y del Gobierno es poder sentar bases distintas para que el derecho a la justicia y a la seguridad se puedan concretar en la práctica.
En este sentido expuso algunas cifras que demuestran la crisis por la que atraviesa la Función Judicial y los cambios concretos que se ejecutarán de aprobarse la iniciativa gubernamental de Consulta Popular.
Existen un millón doscientas mil causas represadas en los diferentes juzgados, de estas 180 mil corresponden a juicio de alimentos, el resto a temas laborales, de tránsito y penales, dijo la funcionaria durante un panel organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Soliz hizo notar que atrás de las cifras hay una cantidad similar de ciudadanos que no ha sido atendido lo que explica la aprobación que se refleja en las mediciones de las encuestas sobre el respaldo a la Consulta Popular.
Dijo además que pese a que el Consejo de la Judicatura (CJ) está dotado de la tecnología que permitiría un transparentar el proceso de justicia, solo el 5 por ciento de sus funcionarios utiliza instrumentos informáticos para el acceso de los ciudadanos.
La Ministra reveló también que 450 mil veces se han modificado los sorteos en las salas de las Cortes de Justicia sin que el CJ tome alguna medida al respecto.
Señaló que los jueces despachan menos de 150 causas al año cuando el promedio deseable debería ser de 400 a 500, dependiendo de la materia.
“Estos son los temas sobre los cuales no hay rendición cabal de cuentas, no hay control del actual Consejo de la Judicatura el cual, evidentemente, ha fracasado en su labor”, lamentó.
Esos temas son los que el Gobierno plantea que deben tener un cambio radical, expresó.
En ese sentido el escenario en caso que se apruebe el Referéndum contempla varias medidas concretas que apuntan a mejorar en su integralidad el problema de la justicia, dijo.
Se realizará una auditoría judicial que hasta ahora no ha sido posible con la finalidad de establecer niveles de cumplimiento y eficiencia de los funcionarios judiciales, vinculada con la honestidad y el desempeño de sus cargos.
Además se contempla la sanción a los jueces que hayan incurrido en casos de corrupción.
Los 800 jueces actuales podrán ser evaluados en el periodo de transición (de 18 meses en el que una comisión tripartita –Ejecutivo, Legislativo y Transparencia y Control Social- asumirá la función del Consejo de la Judicatura).
La propuesta del Gobierno prevé la designación de jueces mediante concursos públicos en los que se observarán los meritos de los postulantes por sobre cualquier otra consideración.
En el periodo de 18 meses el Ministerio de Justicia prevé nombrar a través de concurso a unos 400 jueces, dijo Soliz.
Expuso que desde 2009 han ingresado a la Función Judicial 795 funcionarios sin aprobar el respectivo concurso de oposición y meritos, es decir, “a dedo”. De los 800 jueces, 127 han sido designados con nombramiento directo también.
En caso de aprobarse la Consulta se crearán juzgados que permitan descongestionar y agilitar el despacho de las causas represadas en las judicaturas de todo el país, así como la dotación de infraestructura para juzgados que permita incrementar los niveles de eficiencia de la administración de justicia sino el acceso de los ciudadanos a la misma.
