Marigen Hornkohl, ex ministra de Agricultura y de Educación de Chile que participó en el proceso de reforma judicial en su país, señaló que la decisión política del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle fue importante para lograr cambios en el sistema de justicia, que contó también con el apoyo de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación.
Hornkohl, quien acredita una carrera de 20 años en el servicio público de su país, ofreció una conferencia a funcionarios judiciales ecuatorianos en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, donde explicó las centralidades, las líneas de trabajo y los factores que determinaron el éxito de la reforma que permitió cambiar un sistema arcaico, oscuro, inquisitivo y burocrático a uno oral, transparente, de calidad y eficiente.
“La decisión política es un factor fundamental para emprender la tarea”, dijo al referirse a la determinación del ex presidente Frei de acometer los cambios, pese a que no constaban en su plan de Gobierno.
Incluso, relató, las élites políticas y económicas “apostaron por el cambio” ya que entendieron que no se trataba de un objetivo del Gobierno sino al país en su conjunto.
“Los líderes de opinión se fueron sumando a esta suerte de acuerdo país como una reforma que era clave para el desarrollo, para la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos fundamentales y la certeza jurídica”, recalcó.
Sin embargo, los cambios tuvieron resistencia especialmente en el ámbito judicial, indicó.
La justicia en Chile se sustenta actualmente en modelos de gestión modernos y en el desarrollo del talento humano, expresó la experta.
Como parte de la reforma, que inició en 1994 y concluyó en 2005, se multiplicó por diez el número de jueces especializados en materia penal, se incrementó 642 fiscales del Ministerio Público y 476 Defensores Públicos y 5.500 nuevos funcionarios judiciales de apoyo.
El cambio tuvo una inversión de 5.500 millones de dólares y se implementó una nueva infraestructura y moderna infraestructura (construcción de 328 edificios) con su correspondiente equipamiento.
De acuerdo a datos de 2008, el 98 por ciento de las causas ingresadas a los juzgados penales se terminan. La duración promedio de los casos terminados es de 93 días y la duración promedio de la prisión preventiva es de 100 días, reseñó Hornkohl.
