Luego de saberse que la cadena Supercines, de la Corporación El Rosado, no proyectará el documental La muerte de Jaime Roldós, de los realizadores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, varias han sido las reacciones al respecto.
El fin de semana, el dramaturgo y actor Santiago Roldós, hijo de Jaime Roldós, hizo circular en Internet su opinión al respecto.
Roldós criticó que Supercines haya rechazado proyectar el documental debido a su contenido político, «como si las ficciones más chabacanas del cine light que suelen monopolizar sus carteleras no fueran eminentemente políticas, propagandísticas de valores e ideologías».
El dramaturgo hizo además un llamado a los ciudadanos que suelen acudir a las salas. «No apelo a la conciencia de Supercines, sino a la presión que podamos ejercer sus usuarios».
Si bien la opinión pública en general rechaza el hecho de que la decisión haya sido tomada por «contenidos políticos», en muchos de los casos se defiende la libertad de la cadena de decidir qué películas pasa y cuáles no. Otros consideran, en cambio, que la cadena debería cambiar su decisión, pero sin ningún tipo de intervención estatal.
Jorge Luis Serrano, viceministro de Cultura, afirma que no existen mecanismos para que ninguna institución del Estado intervenga en este caso, y que solo hay dos formas de revertir la negativa a proyectar el documental: que Supercines reconsidere su decisión, o la vía constitucional.
José María León, editor de la revista digital Gkillcity, publicó ayer Empatía documental, un texto que analizaba dos puntos de la discusión: «¿Por qué estaría mal que Supercines sea obligada a pasar La Muerte de Roldós?» y «¿Por qué debe Supercines rever su decisión?».
Ahí, León opina que la ley no debería ser «una herramienta para imponer la transmisión de contenidos en los medios».
León se refiere a algo más: apela en la segunda parte de su texto a la «empatía», a propósito de la descendencia judía de la familia propietaria de El Rosado. «A nadie se le ha ocurrido –y levantaría un escándalo mundial– que una cadena de cine decidiese no pasar La lista de Schindler por 'su alto contenido político' o porque el cine ha presentado consistentemente una mala imagen de los alemanes».
Leyes
El artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado detalla, en su literal 3, como abusos de poder de mercado a las de operadores económicos con poder de mercado, «en condiciones en que debido a la concentración de los medios de producción o comercialización, dichas conductas afecten o puedan [sic] perjudicar a los productores directos, los consumidores y/o usuarios».
La cadena Supercines tiene 19 complejos en el país: 6 en Guayaquil, 3 en Quito, y uno en La Libertad, Portoviejo, Manta, Milagro, Santo Domingo, Quevedo, Riobamba, Babahoyo, Daule y Playas.
En las últimas 10 ciudades de esa lista, Supercines es además la única oferta en salas de cine, por lo que la decisión de no proyectar el documental implicaría que en esas ciudades no se podría ver el filme.
Sobre la pertinencia de la Ley de Control del Poder de Mercado, Serrano dice que la negativa a proyectar la película podría interpretarse de esa manera, pues habría que considerar que «se debe a razones políticas y no de calidad técnica».
Hasta el cierre de esta edición, la Corporación El Rosado no se había pronunciado sobre este tema.
DATOS
El artículo 9 de la Ley de Control del Poder del Mercado considera como «Abuso de Poder» a «Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, en condiciones en que debido a la concentración de los medios de producción o comercialización, dichas conductas afecten o puedan afectar, limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los productores directos, los consumidores y/o usuarios.
Supercines es la única cadena que no proyectará el filme, y es la única oferta en 10 ciudades: Portoviejo, Manta, Milagro, La Libertad, Santo Domingo, Quevedo, Riobamba, Babahoyo, Daule y Playas.
