Una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) visitará el Ecuador entre el 16 y el 20 de mayo próximos, con el fin de conocer los avances del proceso de Evaluación del Sistema contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Los delegados prevén reunirse con autoridades del sector público y privado involucrados el tema, a fin de avalar los resultados del Cuestionario de Evaluación Mutua remitido por el Ecuador a la Secretaria General del grupo, en marzo pasado.
Dicho cuestionario posee información sobre las acciones que he implementado el Ecuador para la prevención, detección y sanción de lavado de activos y financiamiento de delitos.
La misión, conformada por representantes legales, financieros y operativos, se entrevistará con el procurador general del Estado, Diego García, autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla) con el director general de la Unidad de Análisis Financiero (UFA), Gustavo Iturralde.
Además, se reunirán con autoridades de la Fiscalía General, superintendencias de Bancos y Compañías, de los ministerios del Interior, Turismo, Relaciones Exteriores, Inclusión Económica y Social, Coordinador de la Política Económica; con la Dirección Nacional Antinarcóticos, el Banco Central, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Servicio de Rentas Internas y sectores privados de la banca y financieros.
Los evaluadores llegarán al país andino acompañado por un grupo de observadores internacionales, informó el titular de la UFA, mediante comunicado.
En el documento enviado al Gafisud, el Concla detalla el Plan de Acción Continuo que se encuentra en plena ejecución y que contempla las reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”.
Además, establece la inclusión de nuevos sujetos obligados a informar sobre sus actividades financieras (cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales, couriers, entre otros). También tipifica como delito autónomo el financiamiento del sabotaje y terrorismo.
