El movimiento ecologista Yasunidos demandó hoy a Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarse a celebrar una consulta popular sobre una explotación petrolífera en una zona de la reserva natural del Yasuní, en la Amazonía.
«Queremos que la CIDH pueda decir que hubo violación de derechos, sobre todo de los derechos de participación, y que pida y exija al Estado la reparación integral de esos derechos violados», explicó en declaraciones a Efe una de las demandantes, Patricia Carrión.
En las audiencias que se celebran esta semana en el 153 periodo de sesiones de la CIHD en su sede de Washington, el organismo ya acogió denuncias relacionadas con esta zona de alta diversidad natural en la que viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Las denuncias se produjeron ante la silla vacía de los representantes del Gobierno de Rafael Correa, que, por tercera vez consecutiva, se negó a enviar funcionarios al periodo de sesiones.
En una rueda de prensa celebrada en el exterior de la CIDH, el colectivo Yasunidos solicitó que «se declare la violación de derechos políticos» de Ecuador contra las 757.623 personas que, según el movimiento, respaldaron con su firma la celebración de una consulta popular sobre la explotación petrolífera.
Estas firmas, que comenzaron a recogerse en abril de 2014, buscaban hacer que el Ejecutivo ecuatoriano celebrara una consulta popular para tomar una decisión colectiva sobre una explotación petrolífera en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.
«Se nos ha negado el derecho a participación en asuntos de interés nacional e interés público», criticó Carrión, quien argumentó que la demanda también se fundamenta en los derechos de no discriminación, igualdad ante la ley y protección judicial.
Además, la portavoz denunció que, un mes después de que recopilarse las firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un nuevo reglamento, una «artimaña jurídica», destinada a anular casi el 60 por ciento de las firmas.
En concreto, el CNE decidió declarar como válidas solo 359.761 de las 583.324 firmas necesarias, por lo que no llegó al 5 % del padrón electoral, como exige el reglamento que regula la convocatoria de estos mecanismos de participación.
Los denunciantes argumentan que, cuando se anularon las firmas, se aplicó la ley de manera retroactiva.
«No hemos encontrado amparo judicial en nuestro país», subrayó Carrión, quien explicó que, después de que el CNE anulara las firmas, Yasunidos acudió a la Corte Constitucional y al Tribunal de lo Contencioso Electoral, donde presentaron una demanda declarada «improcedente» por no entregarse a tiempo.
«Se utilizaron cuestiones de forma y no de fondo para anular la voluntad de nuestros corazones», criticó la portavoz, denunció que miembros del movimiento estuvieron sometidos a «maltratos sistemáticos por parte de funcionarios del Gobierno».
«Nos llamaban por teléfono -aseguró- y nos amenazaban. Nos decían dejen de molestar, sabemos donde viven».
Durante su protesta en Washington, la asociación mostró fotos del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en la que se ha descubierto un gran yacimiento petrolero, conocido como Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT).
La iniciativa de Yasunidos de celebrar una votación surgió después de que en agosto de 2013, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunciara la eliminación del proyecto Yasuní-ITT, que buscaba el respaldo económico de la comunidad internacional para no explotar el crudo de las zonas del ITT.
Según dijo entonces, el mundo «ha fallado» al no contribuir con el proyecto y anunció que la explotación petrolera en el Yasuní afectará «menos del uno por mil del Parque», que abarca un millón de hectáreas de la Amazonía, y que el aprovechamiento de las reservas del ITT generará ingresos por unos 18.000 millones de dólares.
Fuente: El Tiempo
