La gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, criticó la reciente medida cautelar interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) en favor de un grupo de habitantes de Las Marías, dos de ellos son discapacitados.
La acción, que recayó en la unidad judicial 1 de Contravenciones de Guayaquil, a cargo del juez Walter Narea, busca frenar cualquier desalojo en el sector. Hasta ayer al mediodía, la página web de la Función Judicial del Guayas no registraba avances en el proceso.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la ONG, cuestionó el corto tiempo establecido por las autoridades para abandonar el sitio. «Está vigente el Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establece que en caso de los desalojos forzosos se establecen tiempos más largos para ejecutar el despeje de esos espacios».
Bonilla cuestionó que la CDH no apareciera anteriormente para que hiciera respetar el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el artículo se estipula que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios».
«Vayan a ver si eso se respeta en ese lugar (Las Marías), dónde estuvieron los de los derechos humanos durante 30 años cuando permitieron que el Municipio dejara, a su vez, que invadieran este sector sin contar con servicios públicos», afirmó Bonilla.
La representante del Ejecutivo en Guayas puntualizó a los representantes del CDH que el Art. 17 de la Declaratoria también respalda las acciones implementadas dentro de la campaña «Cero tolerancia a las invasiones». «El Art. 17 estipula que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, esos terrenos no son propiedad de las personas que están ahí, son propiedad del Estado», afirmó Bonilla.
La funcionaria también recordó el desarrollo desordenado de la urbe desde hace 70 años, 30 de los cuales, indicó, «corresponden a administraciones socialcristianas».
Julio César Quiñónez, secretario técnico de la Stpahi, señaló que los traficantes de tierra operan desde hace más de 20 años y han pertenecido a distintas tiendas políticas. «Balerio Estacio, Sergio Toral, Marco Solís y otros más han venido de la escuela del Partido Social Cristiano. Las personas que tuvieron un paso fugaz por PAIS, por el partido del Gobierno, han sido las primeras personas que han sido investigadas», aseguró.
También defendió la pertenencia del Estado sobre terrenos en Monte Sinaí. «Los predios le pertenecen al Magap, que inscribió una sentencia de expropiación, cuya transferencia se hizo al Miduvi. Tenemos los registros de propiedad pertinentes que los mostraremos ante la Corte cuando sea necesario».
El alcalde Jaime Nebot, por su parte, reiteró que el Cabildo no puede legalizar en Monte Sinaí. «La Procuraduría se ha pronunciado de dos maneras (leyes 37 y 88) que no son claras… Por eso pedí un pronunciamiento definitivo para actuar. Yo lo que he pedido es un pronunciamiento definitivo y aclaratorio. Cuando reciba la respuesta diré cómo procederé».
En la cooperativa Las Marías, ubicada en la avenida Casuarina, se desarrollará un operativo de desalojos ejecutado por Stpahi, aunque la entidad responsable no ha revelado el momento en que se ejecutará la acción.
El martes anterior concluyó el plazo de ocho días estipulado en una notificación firmada por el comisario de Policía, Robinson Arias, y entregada a 260 familias. Los moradores de distintas cooperativas de Monte Sinaí están atentos de lo que ocurrirá en las próximas horas.
Según datos de la Gobernación del Guayas, 75 grupos familiares existen en Monte Sinaí que registran entre 3 y 6 propiedades por cada uno.
