Los cuestionamientos a las actividades de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) por actuar alejadas de su real objetivo no son nuevos.
En períodos anteriores ya hubo objeciones sobre el manejo de algunos organismos, lo que ha obligado al Estado, a través de sus instituciones, a plantear controles, sobre todo a fundaciones.
Una información publicada por diario Hoy, en enero de 1998, reseña la decisión del Gobierno de ese entonces de regular el funcionamiento de las ONG que existían en aquella época.
Según esa información, aquella iniciativa surgió luego de que se produjo un escándalo por la importación de ropa usada, en la cual estaban implicadas tres fundaciones.
El entonces fiscal general de la Nación, Roberto Gómez Mera, exigió al Ministerio de Bienestar Social, siempre según la nota periodística, el listado de las fundaciones registradas, con teléfono y domicilio, para iniciar una investigación.
La entonces titular de esa cartera, Edith de Frías, ordenó la elaboración de la nómina y pidió al contralor general del Estado, Benjamín Terán, que facilite un equipo de auditores.
Además, anunció que se suspenderían desde esa fecha todos los trámites relacionados con la creación de nuevas organizaciones.
Es un antecedente al debate surgido por el cierre de la fundación Pachamama, por parte del Ministerio de Ambiente, luego de ser vinculada a la protesta contra una negociación petrolera que terminó en la agresión al embajador chileno y a un empresario bielorruso. Esa actitud fue duramente cuestionada por el presidente Rafael Correa, durante un enlace sabatino.
Según el Ministerio de Ambiente, la suspensión de la fundación se debió a que se desviaron de los fines y objetivos estatutarios, señaló la notificación. Además, hubo una injerencia en las políticas públicas y un atentado contra la seguridad interna del Estado, afectando la paz pública.
El documento agregó que con la acción de los manifestantes se violaron los numerales segundo y séptimo del artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento de las Organizaciones Sociales.
Reacciones de Pachamama
Ayer, representantes de varias nacionalidades y organizaciones sociales remitieron un comunicado en el que exhortan al Gobierno a rever el cierre de la fundación y que se propicie un espacio de diálogo, a fin de que los directivos de la organización sean escuchados.
Según el portal Ecuadorinmediato esos grupos son Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), Nacionalidad Zápara del Ecuador (NASE), Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (Nashie), Pueblo Quichua de Sarayaku, Coordinación de la Cuenca del Bobonaza, Asociación de Mujeres Záparas, Frente de Defensa de la Amazonía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Con la Usaid
A esta situación se suma la suspensión de la ayuda de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés), que tenía proyectado para 2014 una inversión de 32 millones de dólares en proyectos en el país.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sostuvo que en realidad la Usaid financia a las ONG que se oponen al régimen. «Financia a todas las ONG que son opositoras al Gobierno, quieren financiar también actividades de lucha contra las drogas que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, además de actividades de control de frontera que es también responsabilidad de la fuerza pública. Entonces, ese tema no nos interesa», manifestó.
Aseguró que los más de 30 millones de dólares que invierte la Usaid en el país es una cifra insignificante para el Gobierno Nacional, pero aclaró que aquello no quiere decir que el régimen esté enfrentado con Estados Unidos.
Sobre lo que invertía la agencia estadounidense, Mera aseveró que el Gobierno recibiría gustoso si fuera para construir hospitales, fábricas de medicinas genéricas. «Firmaríamos corriendo, pero en realidad -agregó- la Usaid tiene una agenda neocolonialista». Finalmente expresó que, aunque el asunto no es más ni es menos, «no somos pordioseros ni somos colonia».
