La Secretaría Nacional de Transparencia reveló que la red que tramitaba visas de amparo irregulares en la Dirección Nacional de Extranjería ecuatoriana operaba a través de abogados y funcionarios (que están siendo investigados) que constituían los nexos entre los ciudadanos extranjeros y dependencias como el Registro Civil y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Guayaquil.
“Hemos pedido a la Fiscalía actuar con contundencia. No vamos a permitir que funcionarios públicos sigan burlándose del Estado ecuatoriano”, dijo el titular del organismo, Juan Sebastián Roldan.
Informó que se han detectado al menos 51 casos de visas de amparo irregulares y en manos de la Fiscalía en proceso de indagación previa están 200 expedientes principalmente de ciudadanos nigerianos, cubanos y ecuatorianos. El costo del trámite oscilaba entre los 600 y 2.00 dólares.
Indicó que las investigaciones preliminares detectaron la existencia de certificados de matrimonios entre ciudadanos extranjeros y ecuatorianos realizados en Quinindé, Esmeraldas, a pesar de que una disposición del Registro Civil determina que desde el 24 de diciembre de 2009, este trámite solo se puede realizar en Quito y Guayaquil.
