Steven Donziger, abogado estadounidense de los 30 mil afectados por la contaminación ambiental dejada por Chevron en Orellana y Sucumbíos, llegó a Ecuador para revelar aspectos importantes de la forma «racista» en que actuó y sentenció el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, en contra de los indígenas y colonos de la Amazonía, y la actitud «favoritista» hacia la transnacional.
Como «ilegítimo» calificó el fallo del 4 de marzo pasado en contra de los abogados de los afectados, a quienes los ha tratado como mafiosos dentro del juicio bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Destacó que la aplicación del proceso no tiene precedentes, ya que la poderosa multinacional ha utilizado en forma «indebida una ley federal, violando normas constitucionales y legales de EE.UU. para otorgar una medida cautelar a esa empresa, con el fin de impedir la ejecución de la sentencia de la justicia ecuatoriana», la cual condenó a Chevron a pagar una indemnización de $ 9.500 millones por el daño ambiental y a la salud humana provocada.
Indicó que análisis jurídicos efectuados por otros juristas estadounidenses coinciden en que durante este juicio se dieron obstáculos jurisdiccionales y se burlaron principios de cortesía internacional.
A decir de Donziger, «Kaplan carecía de jurisdicción sobre él y los ecuatorianos una vez que Chevron retiró todas las reclamaciones de daños y perjuicios económicos la víspera del juicio, ya que una medida cautelar no remediaría el perjuicio real causado por la petrolera».
En un encuentro con la prensa ecuatoriana y extranjera en el paraninfo de la Universidad Andina, en Quito, Donziger dijo que la decisión de Kaplan viola, además, pedidos anteriores de un tribunal de apelación estadounidense que le prohíbe pronunciarse sobre la validez de la sentencia ecuatoriana.
En el encuentro de ayer también estuvo presente Pablo Fajardo, abogado ecuatoriano y procurador común de los afectados por Chevron, quien manifestó que frente a la injusticia de Kaplan, presentaron ante una instancia superior de Nueva York el pedido de suspensión de la sentencia de dicho juez.
A la vez, confirmó que en los próximos días presentarán la apelación ante el Segundo Circuito de Nueva York, en la cual confían porque en una ocasión anterior bloqueó otra decisión Kaplan, cuando este se tomó la potestad de ordenar a las cortes del mundo no tramitar la sentencia de la justicia ecuatoriana, para que los afectados no puedan cobrar la indemnización en países en donde Chevron tiene activos.
Recordó que el fallo de Kaplan no es vinculante para los ecuatorianos ni tiene efectos más allá de las fronteras de EE.UU., donde actualmente se desarrollan las acciones de ejecución de la sentencia ecuatoriana.
Los dos representantes legales de los indígenas y colonos afectados coincidieron en que hay buenas perspectivas de éxito en el recurso de apelación que presentarán, ya que se evidenciarán los innumerables vicios existentes durante el juicio a cargo de Kaplan.
El diario The Guardian difundió el martes pasado una amplia nota sobre el caso Chevron, en el que analizó la forma como la transnacional ha llevado el juicio en las cortes y fuera de estas, tratando siempre de quitar espacio a los indígenas y colonos afectados por la contaminación.
El reportaje empieza citando una frase de Juan Pablo Sáenz, otro de los abogado de los amazónicos, quien destacó que la vida de los afectados «huele a petróleo», describiendo la dramática condición en que viven: muertes, abortos involuntarios, defectos de nacimiento, cáncer, destrucción de la biodiversidad…».
Señala que la obstinación de Chevron ha dado algunos resultados últimamente, después de que la Corte Distrital de Nueva York, liderada por Kaplan, falló a favor de la petrolera, sin tomar en cuenta la versión de los miles de afectados. «Se tratan de las personas que sufren la destrucción de la Amazonía. Esa es la batalla central aquí. Todo en Nueva York es una distracción. Es cierto que la cobertura internacional del caso se ha centrado en el exhibicionismo jurídico, frente al sufrimiento real y cotidiano de las personas…».
