Con la exhibición de un video editado en el que difundieron los supuestos ataques del presidente Rafael Correa a la prensa, el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), César Ricaurte inició su argumentación en la audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americana (OEA).
Ricaurte llegó a Washington junto a Mauricio Alarcón, asesor jurídico de la organización, y los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita; el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, y la representante de diario El Universo, Mónica Almeida, quienes se autocalificaron como defensores de los derechos humanos.
Los directivos de diario El Universo estuvieron ausentes de la audiencia, pese a que habían adelantado su presencia en la misma. En representación del Estado asistieron la ministra de Justicia, Johanna Pesántez; el canciller Ricardo Patiño; el procurador Diego García; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; y el asambleísta Mauro Andino, presidente de a comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Legislava.
Ricaurte expuso como prueba de las amenazas a la libertad de expresión, un informe elaborado por Fundamedios en el que se registran unas 400 agresiones a periodistas, y las cadenas informativas del régimen que, a su criterio, son utilizadas para estigmatizar a periodistas.
Alarcón argumentó que la ley de Participación Ciudadana y la de Control de Poder del Mercado restringen la libertad de expresión.
Juan Carlos Calderón advirtió que en el Ecuador están en juego los elementos esenciales de la Carta del Sistema Interamericana por lo que solicitó que la CIDH realice una visita “in loco” (en el sitio) para constatar la situación de los derechos y libertades.
El procurador Diego García dejó en claro que si bien se los convocó para tratar sobre el estado de la libertad de expresión, la ponencia de los peticionarios se construye sobre casos particulares: acceso a la justicia, independencia judicial y otros temas que no eran motivos de la audiencia.
“La república del Ecuador está dispuesta a discutir sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero advierte que este no es el espacio ni el tiempo adecuado para discutir casos particulares, menos aún si esos se encuentran sometidos a la justicia ordinaria ecuatoriana”, expuso.
Agregó que no cabría que la CIDH o cualquier otro organismo internacional interfiera con la administración de justicia en un país soberano.
“Ecuador advierte en los peticionarios la intención de utilizar al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como un escenario a donde trasladar la discusión política del Ecuador, y pide a la Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de mantenerse alertas frente a cualquier intención de darle un uso político a los mecanismos del sistema”, recalcó.
