La acreditación de 10.334 guardias de seguridad privada realizada el jueves pasado, de forma simultánea, en Quito, Guayaquil y Cuenca, define la estructura de lo que las autoridades de seguridad nacional buscan para este sector: personal capacitado y empresas que cumplan con todas las regulaciones del caso, entre ellas la portabilidad de armas de fuego, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.
Los uniformados privados fueron acreditados por el Ministerio del Interior para que puedan ejercer sus labores, luego de que siguieron un curso de capacitación de 120 horas, en módulos de 2 meses de duración, en alguno de los 4 institutos aprobados previamente por esa cartera de Estado.
El curso forma parte del trámite que deben completar los hombres y mujeres aspirantes a guardias para que sean autorizados a prestar sus servicios en distintas áreas que requieran de esa actividad.
Según los registros del Centro de Control de la Seguridad Privada (COSP) hay 52.300 guardias de seguridad privada operativos a nivel nacional, lo cual supera la cantidad de Policías a nivel nacional (43.000, aproximadamente). A ese número se suman 4.909 personas que realizan labores administrativas, gerentes y supervisores.
Por eso existen «controles rigurosos del personal que conforma esas compañías», señala el mayor Guillermo Salas, jefe del Centro de Control de la Seguridad Privada (COSP), organismo que la Policía Nacional creó para mantener un registro de este tipo de entidades, las cuales tienen que cumplir requisitos estrictos para su funcionamiento.
Un proceso integrador
Este esfuerzo se enmarca en la nueva directriz del Ministerio del Interior y la Policía para asegurarse de que las compañías privadas cuenten, además, con personal idóneo, que conozca sus atribuciones.
La capacitación del personal se realiza a través del programa Guardias y Policías en Alerta por la Seguridad Ciudadana, más conocido como Gypasec, que en sus dos años de funcionamiento ha actualizado a cerca de 23.000 servidores de esta actividad laboral.
El Gypasec es un programa dirigido a la certificación y actualización de contenidos de seguridad ciudadana, dar a conocer el marco legal de esta actividad, derechos humanos, tratamiento a personas con atención prioritaria y prácticas de tiro. Tiene un enfoque sistémico de seguridad integral que incorpora «a la comunidad organizada en procesos de seguridad», en corresponsabilidad con las nuevas formas de convivencia e inclusión social.
Precisamente, quienes obtuvieron sus credenciales están ahora más capacitados para su labor.Incluso, como parte del esquema integral que se maneja, el documento (carné) que se le entregó a cada uno de los 10.334 guardias capacitados tiene una barra de datos que es única para cada portador, con el fin de evitar falsificaciones.
Sin embargo, pese a los avances logrados, aún hay temas por resolver, como el uso y los permisos para la adquisición y portabilidad de armas por parte de las compañías del sector.
Luis Mena, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad (Anesi), afirma que una de las dificultades que enfrentan es la falta de armamento, pues desde el 2007 están prohibidas las importaciones e incluso a todas la fábricas artesanales les retiraron los permisos el mismo año.
«Obtener las armas por la vía legal es importante, porque la disuación funciona a través de ese elemento», asegura Mena.
Explica que el SRI fijó en el reglamento para el pago de Impuestos a Consumos Especiales (ICE) una carga del 300% a las armas. «Eso limita la compra», además de que ese impuesto se lo traslada al cliente, lo cual, según Mena, ha encarecido el servicio.
La prohibición de las importaciones ha limitado el mercado y al momento se negocia con lotes que pertenecen a personas particulares o de empresas de seguridad que cierran sus operaciones y rematan sus armas, explica el presidente de Anesi. «Esto mantiene a las compañías privadas en un problema, ya que no pueden equipar a sus hombres efectivamente», dice.
«La Asociación de Tiradores y la de Ganaderos lograron que les exoneren ese impuesto, lo cual me parece ilógico; para un deportista no hay impuesto, pero se lo cargan a alguien que las necesita como una herramineta de trabajo; lo cual limita mucho a las compañías de seguridad para brindar una mejor protección», indica Mena.
