Ecuador apoya todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo que desde el 2011 busca modernizar, mejorar y corregir algunas falencias en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este grupo de trabajo presentó más de 60 recomendaciones. Pero a finales del año pasado, la CIDH no acató la totalidad de las observaciones y presentó un documento alterno, el cual deberá ser analizado por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por tal motivo, es fundamental la reunión que se realiza hoy en Guayaquil. El objetivo es definir el camino de la transformación de la CIDH, que deberá ser ratificada a finales del mes en otro encuentro donde estarán los jefes de Estado de la OEA.
La posición ecuatoriana ha sido clara. Los cambios no afectarán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino mejorará y sincronizará a la CIDH con el momento que vive el continente.
Ecuador ha propuesto que los Estados de la OEA que no han firmado ni ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y no hayan reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncien sobre su adhesión a los mismos en un plazo perentorio.
“Si se cumple este plazo y los Estados no ratifican la Convención y la competencia de la Corte, estos Estados deberían dejar de ser miembros del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos”, dijo Patiño, de manera enfática.
En torno al financiamiento de la CIDH, el país propone que el mismo debería provenir de aportaciones obligatorias de los Estados Partes del Pacto de San José, no de organismos externos.
Ecuador propone además que todas las relatorías tengan el carácter de especiales, y no solo Relatoría de la Libertad de Expresión, en razón de que todos los derechos humanos tienen la misma importancia, así como el presupuesto de todas sea equitativo, y los relatores especiales tengan la misma capacidad de gestión operativa y financiera.
Otro aspecto analizado y propuesto es el cambio de sede de la CIDH a un país que forme parte del Pacto de San José, debido a que en la actualidad la sede está ubicada en Washington, Estados Unidos. La propuesta es que se relocalice en Argentina, «un país con una amplia lucha histórica en defensa de los derechos humanos».
También se propone la elaboración de un Código de Conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los Comisionados y Relatores.
