El Estado ecuatoriano, que afronta demandas de la petrolera Chevron en un tribunal de arbitraje de La Haya, demandó a esa corte que detenga los ataques mediáticos de la compañía estadounidense.
El procurador (abogado) del Estado de Ecuador, Diego García, que participa en Londres una audiencia ordenada por ese tribunal, señaló que la petrolera mantiene una «dura campaña» contra el país, pese a que no es parte en un juicio ambiental seguido por indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana.
Justamente, entre el pasado martes y este jueves, se lleva a cabo la audiencia correspondiente a la «primera fase del fondo» de una demanda de arbitraje iniciada en 2009 por Chevron contra Ecuador, para que el país impida la multimillonaria condena a la que fue sometida por tribunales ecuatorianos en dicho juicio ambiental.
En la audiencia en Londres se discute la naturaleza jurídica de los «Acuerdos de Liberación» de responsabilidades suscritos en la década de los noventa para finiquitar el contrato con la compañía estadounidense, señala un comunicado de la Procuraduría difundido hoy en Quito.
Chevron alega que Texaco (que fue adquirida posteriormente) en 1990 firmó con el Gobierno ecuatoriano de entonces un convenio que le evita futuras reclamaciones por sus operaciones entre 1973 y 1998 en la Amazonía, según la Procuraduría.
Recuerda en el escrito que la demanda interpuesta por las comunidades amazónicas contra la petrolera es un «juicio entre privados, en el que el Estado ecuatoriano no es parte» y que, en su curso legal, se encuentra en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia.
Chevron presentó un recurso de casación luego que dos tribunales ecuatorianos fallaran a favor de los demandantes y establecieran una condena por daño ambiental, que obliga a la petrolera a pagar una indemnización por casi 19.000 millones de dólares.
Según García, los «Acuerdos de Liberación suscritos entre Texaco y el Estado ecuatoriano no implicaban la renuncia de los derechos de terceros y que, por lo tanto, cualquier persona que se sintiera afectada por la operación de la compañía puede demandar la reparación de aquellos derechos que hayan sido vulnerados».
