Ecuador prepara una auditoría para los 26 Tratados de Protección Reciproca de Inversiones del Sistema de Arbitraje Internacional, a los que el presidente ecuatoriano Rafael Correa catalogó como «un verdadero asalto a la soberanía nacional».
Durante el Enlace Ciudadano 342 del pasado sábado, el presidente indicó que los tratados a auditarse serían 32, sin embargo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) indicó que existió un error de la Secretaría de Comunicación (Secom) y son 26 los tratados que entrarán en proceso de auditoría.
«Estos tratados no solo protegen inversiones, protegen deuda externa. Hemos logrado reunir un grupo de altas personalidades con mucho prestigio a nivel nacional e internacional para conformar la comisión de auditoría», sostuvo el presidente.
Entre los comisionados están Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia; Hildegard Rondón de Sansó, extribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Osvaldo Guglielmino, exprocurador de Argentina; Cecilia Olivet, escritora de investigación de Uruguay; Alejandro Olmos, exmiembro de la Comisión de Auditoria de Deuda de Argentina; Javier Echaide, experto en temas de Tratados de Protección Reciproca de Inversiones de Argentina y Alberto Arroyo, docente Mexicano.
La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) se conforma en base al artículo 339 de la Constitución que determina que la inversión extranjera directa estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión deberá examinar y evaluar el proceso de firma y negociación de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) y otros acuerdos de inversión suscritos por el Ecuador y las consecuencias de su aplicación, además el contenido y compatibilidad de estos tratados con la legislación ecuatoriana.