El pasado 30 de septiembre, dentro del arbitraje internacional planteado por la petrolera Burlington en contra del Estado ecuatoriano, la Procuraduría del país andino presentó contrademandas por daños ambientales ocasionados por la compañía estadounidense, así como por el mal estado de la infraestructura de los Bloques 7 y 21 en la región amazónica del Ecuador.
Burlington Resourses Inc., inició en el 2008 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), debido a la promulgación de la Ley 42 (que incluye al estado ecuatoriano en los ingresos extraordinarios por el aumento del precio del crudo) y sus efectos en el Contrato de Participación y Producción de los Bloques 7 y 21 del cual era parte conjuntamente con la compañía Perenco.
La primera contrademanda del Ecuador se basa en pasivos ambientales en los bloques 7 y 21, determinados en auditorías técnicas hechas por expertos internacionales.
Con este antecedente, la defensa del Ecuador solicitó al Tribunal Arbitral que declare a Burlington responsable de esos daños y condene a la empresa a su reparación integral, por un monto equivalente a 488 millones de dólares.
La segunda contrademanda presentada busca que el Tribunal Arbitral declare a Burlington responsable por el “deficiente y pobre estado” de operación de los bloques 7 y 21, en particular por el mal estado de la infraestructura y equipamiento necesarios para su operación.
En este caso, se busca que la empresa indemnice al Estado ecuatoriano por todos los costos en los que debió incurrir para recuperar la operación funcional según los estándares de la industria petrolera, tal como lo exigía el Contrato de Participación Petrolera y la legislación ecuatoriana. Esta pretensión asciende a 16 millones de dólares.
Con la presentación de estas dos contrademandas, se ha iniciado una nueva etapa procesal dentro de este arbitraje internacional, que concluirá en 2013 cuando el Tribunal Arbitral emita el respectivo laudo, informó la Procuraduría ecuatoriana.
