El Estado ecuatoriano expresó ayer en Washington, capital de Estados Unidos, su «más enérgico rechazo» a las acusaciones formuladas sobre supuestas transgresiones del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se discutió la situación del derecho a la libertad de prensa y expresión en el Ecuador.
En la audiencia solicitada por la Unión Nacional de Periodistas (UNP); Fundamedios; la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep); y, los periodistas Christian Zurita, Wilson Cabrera, Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación Política de la SECOM, negó que el Régimen haya establecido un clima hostil hacia la prensa «libre e independiente».
En su exposición, durante la Audiencia del período ordinario de sesiones, para tratar sobre el «Derecho a la libertad de expresión en Ecuador», Patricio Barriga sostuvo que el Estado «ya ha demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas».
Para el funcionario, los datos y cifras esgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables. Que estas manifestaciones han sido solamente pirotecnia verbal.
«No existe un solo medio de comunicación cerrado como consecuencia de su línea editorial, no existe un solo periodista detenido o enjuiciado por expresar una opinión que haya sido construida con base en la verdad y en los hechos, o que represente un criterio divergente y legítimo devenido de la ética y con apego a la obligación constitucional que prescribe la responsabilidad ulterior».
Ante las denuncias de los peticionarios respecto a que el año pasado, del total de amenazas y agresiones registradas, el 21% correspondió a procesos judiciales, el subsecretario Barriga indicó que en Ecuador no se persigue personas, se persiguen delitos.
Explicó que la Constitución de la República como norma suprema, asegura el derecho a la libertad de información, expresión y opinión y por tanto el Estado la garantiza. Prueba de ello son los miles de editoriales, reportajes, piezas informativas, comentarios en redes sociales y otras plataformas de comunicación que se han producido y siguen construyéndose sobre la base del absoluto respeto del Estado y sus instituciones que, sin embargo, «no podemos decir de la otra parte».
«Si quieren juzgar, háganlo y digan si decir al Presidente Rafael Correa: 'ladrón, ignorante atrevido, incontinente verbal, pandillero' son propios de un periodista que quiere opinar desde la decencia profesional, y aquella misma persona que, dirigiendo la página web de un periódico permitió, a pretexto de libertad de expresión, comentarios descomedidos e insultantes».
Cabe recordar que los grupos familiares que manejan los medios de comunicación en el Ecuador poseen el 83% de las frecuencias de televisión y el 89% de las frecuencias de radio.
