EE.UU. se compromete a estudiar algunas de las más de 200 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy, pero defiende la pena de muerte o el no haber ratificado numerosos tratados internacionales al tiempo que asegura que ha investigado todos los abusos en Irak o Afganistán.
Así lo indicó hoy el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Honggju Koh, al responder al informe adoptado por el Consejo y que contiene 228 recomendaciones efectuadas por decenas de países después de que el pasado viernes EE.UU. fuera sometido al Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que todos los miembros de la ONU deben pasar cada cuatro años.
Entre las recomendaciones hechas por más países figuran la moratoria o la abolición de la pena capital, procedentes tanto de los occidentales como de los no alineados o islámicos, o que el factor racial no sea determinante a la hora de condenar a un acusado a muerte, o no se ejecute a discapacitados mentales.
«Aunque respetamos a aquellos que nos hacen esas recomendaciones (sobre la pena de muerte), hacemos notar que éstas reflejan continuas diferencias políticas, no diferencias auténticas acerca de lo que las leyes internacionales requieren», señaló el responsable estadounidense.
Más de medio centenar de recomendaciones piden a la Administración del presidente estadounidense, Barack Obama, que ratifique distintos tratados y convenciones internacionales relativas a derechos humanos o que elimine las reservas impuestas a otros.
En ese sentido, Koh adelantó que «bajo nuestra Constitución, la ratificación de tratados no requiere sólo la aprobación del Ejecutivo, sino el consentimiento del Senado, lo que requiere una mayoría de dos tercios de los votos».
«Por eso Estados Unidos mantiene con frecuencia la práctica de 'cumplir antes de la ratificación', en contraste con 'ratificación antes de cumplir' que otras naciones llevan a cabo», agregó el asesor legal.
Varios puntos de las conclusiones del informe piden a EEUU que levante la reserva al artículo 5 del Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles que prohíbe la imposición de la pena de muerte a aquellas personas que cometieron sus crímenes siendo menores.
Washington también recibe numerosas recomendaciones para que califique la tortura como crimen a nivel federal, y para que ponga fin a los abusos y torturas por parte de fuerzas estadounidenses en las prisiones en Irak y Afganistán.
«Las alegaciones de abusos en el pasado a detenidos por las fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán o (la base estadounidense de) Guantánamo han sido investigadas y se han adoptado las medidas necesarias», aseguró Koh.
Y acerca del cierre de la cárcel de dicha base norteamericana en Cuba, otra de las peticiones efectuadas por numerosos países, el representante de EEUU aseguró que «la administración Obama está comprometida a cerrar Guantánamo lo antes posible, pero para ello necesitamos la ayuda de nuestros aliados, del Congreso y de los tribunales estadounidenses».
