El Departamento de Estado de EEUU reaccionó hoy a la decisión Ecuador de declarar persona no grata a la embajadora de ese país en Quito, Heather Bodges, a quien además, se le pide que abandone en país en el menor tiempo posible. “La embajadora Hodges es una de nuestras diplomáticas más experimentadas y con más talento. El Departamento de Estado considera su expulsión injustificada y lamentamos profundamente que el Gobierno de Ecuador lo haya hecho”, señaló en Washington un portavoz estadounidense, según información difundida por agencias internacionales de noticias.
El canciller Ricardo Patiño aclaró en rueda de prensa que no se trata de una expulsión y que espera que la decisión de declarar persona no grata “no afecte las relaciones entre ambos países”. Esto es una responsabilidad directa de una persona, de la señora embajadora en nuestro país, y no es un tema que tiene que ver con el Gobierno de los EEUU”, recalcó.
En la sede de la representación diplomática se informó que Hodges mantiene una reunión con su equipo cercano de trabajo y que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial. La agregada de prensa de la Embajada, Martha Youth, indicó previamente que “la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, respecto a los cables de Wikileaks es, primero, que estos fueron robados al Gobierno”. Y agregó: “Por asuntos de política, nosotros no hacemos comentarios sobre el contenido de esos cables o sobre reportajes sobre esos cables en los periódicos”.
Dijo que por esa consideración, la embajada no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la publicación de diario El País de España en la que se revelan afirmaciones de la embajadora en la que se señala la posibilidad de que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, habría conocido los hechos de corrupción cometidos por la cúpula policial.
Además, afirma que el Mandatario ecuatoriano habría nombrado al general Jaime Aquilino Hurtado Vaca como Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, aun conociendo de su comportamiento supuestamente delictivo, por considerar que esa condición lo hacía “fácilmente manipulable”.
Para el Gobierno estas declaraciones son consideradas “inaceptables, maliciosas, temerarias”.
