El Estado mexicano de Michoacán tiene un juego de fuego entre el Gobierno local, el federal, los cárteles del narcotráfico y dos facciones enfrentadas de civiles armados: los grupos de autodefensa y otros ciudadanos que se oponen a que los primeros se hagan con el control de pueblos y ciudades. La semana de enfrentamientos, cortes de carreteras, incendio de vehículos y asaltos a militares y policías fue rematada el pasado viernes por una banda de encapuchados que le prendía fuego a la alcaldía de Apatzingán. Junto al Palacio Municipal también eran consumidos por las llamas siete negocios del centro. Apatzingán es una localidad de 100.000 habitantes y capital de Tierra Caliente, la región más violenta de ese Estado, donde en diciembre de 2006 se puso en marcha la fallida «guerra contra el crimen organizado» decretada por el entonces presidente de la república, Felipe Calderón.
Con la policía estatal y municipal sobrepasadas por los acontecimientos -cuando no son ellas mismas cómplices de la delincuencia-, el Ejército y la Policía Federal tratan a duras penas de mantener el control en un territorio donde combaten varias fuerzas enfrentadas cuyos intereses a menudo se confunden: los cárteles de Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, los grupos de autodefensa (civiles alzados en armas, hastiados de asesinatos, secuestros y extorsiones) y otra parte de la ciudadanía que se enfrenta a la primacía de los primeros, quienes ya controlan una quinta parte de la geografía de esta región del Pacífico mexicano, al suroeste del país.
La violencia en Michoacán alcanzaba uno de sus picos el pasado lunes, cuando habitantes de Parácuaro quemaron autobuses de pasajeros como medida de presión para que el Ejército desplace a los grupos de autodefensa. Actitud que repitieron el jueves al prender fuego a tres camiones en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Durante la pasada semana, todos los accesos a Apatzingán permanecieron controlados por grupos opositores a las autodefensas, que cruzaron sobre la calzada camiones y autobuses ardiendo. Individuos encapuchados y armados decidían quién entraba y quién salía de la ciudad. Finalmente, este sábado elementos del Ejército lograban liberar las vialidades circundantes.
En la carretera de Nueva Italia a Apatzingán, los soldados tuvieron que rellenar un carril de circulación donde los rebeldes habían cavado una zanja con maquinaria pesada. Pero las autodefensas no se detienen y ya han tomado Antúnez, dos localidades del municipio de Coahuayana y El Ceñidor, donde han instalado una nueva base. El gobernador, Fausto Vallejo, adjudica esta creciente tensión a los enfrentamientos entre bandas del narcotráfico y al incremento de las autodefensas. El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, insiste en que los «grupos de autodefensa están al margen de la ley y de la Constitución», pero valora positivamente que hayan limitado la actuación de los Caballeros Templarios. De hecho, el Gobierno federal presta protección al líder de estos grupos, José Manuel Mireles, quien se recupera en un hospital de la capital mexicana de las heridas sufridas en un reciente accidente aéreo: «Sí, cuidamos (a Mireles) porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a Los Templarios», dijo Osorio.
Los grupos de autodefensa surgieron en Michoacán en febrero del pasado año, cuando comuneros de Turícuaro formaron una ronda de vigilancia para oponerse a la destitución del exmilitar Sergio Estrada Jiménez como secretario de Seguridad Pública Municipal de Nahuatzen. En pocos días, grupos de civiles se organizaban en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec en contra de las bandas criminales. Estas milicias expulsan a los alcaldes, desarman y encarcelan a las policías locales, patrullan las calles en camionetas y realizan juicios populares.
Foto: Miembros de la Policía Federal de México, apostados frente a la sede del palacio municipal de Nueva Italia. (AFP)
