Cuando se trató de conseguir buenas notas en el estudio, Byron Peláez siempre destacó. De hecho obtuvo varios diplomas, pero ahora que dejó los años colegiales para trabajar, le ha costado obtener un empleo. Él es gay. «Al momento de conseguir trabajo rechazan la capacidad que yo tengo. Eso no es justo», dice.
El joven llevó la voz de grupos GLBTI el pasado 27 de noviembre, día en el cual las autoridades de las Naciones Unidas, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo suscribieron una declaración conjunta para poner fin a la discriminación de los grupos GLBTI.
Cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, colectivos GLBTI abogan por hacer cumplir el precepto universal de «que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin excepción».
Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres (CDT), demuestra que la discriminación, la exclusión y la violencia siguen latentes entre la comunidad GLBTI. Un 60% de los entrevistados se siente discriminado en espacios, sobre todo públicos.
En los ámbitos educativo, de justicia, salud y laboral también es perceptible la discriminación, tal cual lo siente Byron, quien considera que no encuentra empleo por su orientación sexual.
Solo el 11,3% de personas GLBTI se desempeña en el ámbito científico e intelectual, según el reporte.
Aunque la mayoría de los encuestados reconoce el derecho constitucional ecuatoriano, un 73,8% desconoce que el Código Penal desde el 2009 castiga los crímenes de odio con prisión de 12 a 16 años (muerte). Para el estudio se entrevistó a 2.805 personas GLBTI en la Costa y Sierra del país sobre sus condiciones de vida. (ver cuadro adjunto)
Pedidos de uniones legales
En Ecuador también se han logrado cambios a nivel legal. De hecho, el artículo 11 de la Constitución señala que: «Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos (…)».
Si bien existen nuevas normas, hay impedimentos legales para que parejas del mismo sexo se casen o adopten niños.
Este año, Pamela Troya (31) y Gabriela Correa (32) protagonizaron un acto que dejó al descubierto un profundo anhelo de las parejas del mismo sexo: el matrimonio. Ambas son lesbianas y el próximo año cumplirán cinco años juntas.
En agosto acudieron al Registro Civil para contraer nupcias, pero esta opción les fue negada. Inmediatamente interpusieron una acción de protección y han encabezado la campaña «Matrimonio Civil Igualitario». La semana pasada ocurrió lo mismo con Santiago Vinces y Fernando Saltos, que mostraron su deseo de contraer matrimonio en el Registro Civil de Guayaquil. Hoy, ellos presentarán otro amparo de protección.
En el mundo existen 14 países que reconocen el matrimonio homosexual, la mayoría en Europa. En América Latina se unieron a la tendencia: Argentina, Uruguay, Brasil y México (sistema federal).
Los pedidos de matrimonio, como el de Troya y Correa, las uniones de hecho y las solicitudes de cambio de sexo fueron analizados por el informe Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, elaborado por el colectivo Silueta X.
En el documento se destaca que la sociedad ecuatoriana ha avanzado hacia una mayor tolerancia con las personas de distinta orientación sexual, pero sigue imperando «una herencia opresiva que toma nuevas formas de discrimen».
Para conocer la percepción de los habitantes GLBTI en Ecuador, la organización realizó una encuesta. El 60% aseguró que fue víctima de discriminación. Solo un 33% denunció el hecho ante la Fiscalía o Defensoría del Pueblo. Más de la mitad abandonó el proceso porque cree que los operadores no hacen justicia.
«Sistemáticamente se siguen instaurando concepciones psicológicas equívocas, como el silencio o aislamiento… Una persona GLBTI se enfrenta a un sistema que no le permite el ejercicio real y respeto a sus derechos», concluye el estudio.
