La protesta de los médicos por el Código Penal provocó ayer el encuentro entre los gremios y autoridades de tres funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarde, las partes llegaron al Ministerio de Deportes, en el norte de Quito. Y cerca de las 19:00 todos hablaban de un acuerdo.
El punto de la controversia es el artículo 146 del Código Integral Penal, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional.
Tras la reunión, que concentró a alrededor de 30 personas, se acordó aclarar el alcance del tercer inciso de ese artículo.
Los médicos elaborarán una clausula interpretativa que será enviada a la Judicatura.
El presidente de este organismo, Gustavo Jalkh, deberá remitir a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que esta la tramite. En el texto de la clausula se especificará que se puede configurar el delito agravado cuando se presenten los siete componentes del artículo.
Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, indicó que durante el fin de semana trabajarán en el texto, que será remitido a las autoridades la próxima semana.
Como parte del acuerdo, los médicos anunciaron que ya no se llevarán a cabo las acciones de protesta planificadas para la próxima semana. Los doctores en hospitales privados tampoco suspenderán la atención en consulta externa.
Con relación a la marcha planificada para las 18:00 en el parque El Arbolito, Álvarez indicó que si no alcanzan a desarticularla, la utilizarán para llevar el documento a la CNJ.
Mientras tanto, los galenos también aseguraron que no se presentarán las renuncias que anunciaron en los últimos días. Las primeros en decir aquello fueron los profesionales del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito. Quién sí efectivizó su salida fue el doctor Juan Barriga, cabeza de la protesta y partícipe en las negociaciones con una delegación del Ministerio de Salud.
El diálogo con los médicos se retomó esta semana. El martes se reunió el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, con representantes de los gremios: Bernardo Sandoval, en representación de las universidades; Gil Bermeo, y Fernando Sempértegui, de las sociedades científicas.
Ayer en la mañana, Correa declaró estar dispuesto al diálogo. Pero puso dos condiciones: que no sea con la Federación y que no se convierta en «un diálogo de sordos». El titular del gremio nacional, Alberto Narváez, no acudió a la cita que se desarrolló en el Ministerio del Deporte.
Una vez que llegaron al acuerdo, ya no se llevará a cabo la propuesta inicial de los médicos, que consistía en una ley interpretativa. Los galenos habían redactado un artículo único para interpretar el tercer inciso. Este iba a ser remitido hoy al Ejecutivo, para que este lo presentara en la Asamblea.
La cláusula interpretativa podrá ser tramitada por la CNJ mientras transcurren los 180 días para que el Código Penal se aplique en el país, explicó Sempértegui, quien estuvo presente en la reunión.
Este tema generó las primeras manifestaciones el año pasado y se originaron precisamente en el Pablo Arturo Suárez. Luego se extendió a otras provincias.
