La mañana se presenta gris en el sector de Monte Sinaí, ubicado en las profundidades de la marginalidad porteña. El sector es el punto más extremo en el noroeste de la urbe. Es sábado y el comercio informal en la única avenida -la Casuarina- que conduce a la populosa zona es incesante y agotador.
La basura sobre los parterres dificulta el paso de los transeúntes, quienes, además, deben caminar en alerta para protegerse de los accidentes de tránsito; pues los vehículos mismos doman -como jinetes- las trampas que se presentan por el mal estado de las vías.
En una de las tantas ramificaciones de la Casuarina, se encuentra una endeble casa de caña, en la que habita Margarita Baque, de 50 años, y su hija, Judith de 15, quienes han dedicado esta mañana de sábado al lavado de la ropa.
Los rostros de ambas denotan preocupación debido a que el nivel del tanque de agua, comprado para lavar sus prendas, desciende rápido. “Aquí nos cuesta un dólar el tanqueo. Créame, eso es mucho si vivimos cada día con tres dólares”, confiesa la mayor de las mujeres.
Ellas no son las únicas en Guayaquil que sufren por falta de agua; miles en Bastión Popular, Sergio Toral, Balerio Estacio y otros asentamientos, a lo largo de la vía Perimetral, deploran por falta de atención de las autoridades locales.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeanette Sánchez, comenta que cuando un sector de la población, en este caso en Guayaquil, no recibe las atenciones básicas por parte de los funcionarios más cercanos, se afecta directamente las capacidades de las personas; se las excluye y se deriva en una “situación explosiva”.
Pero en el actual régimen existe preocupación ante la forma que se canalizan los recursos desde el Cabildo porteño, que aunque ha regenerado zonas que hasta hace varios años se consideraban de “alto riesgo” (como el propio Malecón), aún adeuda obras impostergables en extensos sectores populares.
Esta situación es más preocupante para Sánchez porque el Gobierno asignó 175 millones de dólares al Cabildo porteño en el actual ejercicio fiscal. La funcionaria explica que, por su parte, el Gobierno busca reducir las inequidades en el puerto principal a través de proyectos en servicios básicos de salud y educación.
Un ejemplo de estas asignaciones fue la inauguración de la nueva maternidad del Guasmo, en la que se invirtieron 3 millones de dólares.
Hace algunos meses, el concejal Octavio Villacreses, del movimiento Alianza PAIS, ironizaba con el hecho de que el Municipio de Guayaquil invirtiera 15 millones de dólares en la edificación del Puerto Santa Ana -a orillas del río Guayas y en las faldas del cerro (en 2007)- y que aún no haya recuperado la inversión en arrendamiento, o venta, de las oficinas y apartamentos que se construyeron. Puerto Santa Ana tiene 14.000 metros cuadrados de extensión y está conformado por siete edificios. Hasta finales del mes pasado, solo se había vendido el 20% de los departamentos, una de las 31 oficinas y uno de los 14 locales comerciales del complejo. El edil criticó que esos recursos se hayan utilizado para ese tipo de construcciones y no para proyectos de carácter urgente en zonas populosas de la urbe.
