El Parlamento Europeo (PE) instó este viernes a la Unión Europea (UE) a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina, como respuesta a la decisión de Buenos Aires de expropiar un 51 % del capital de la petrolera YPF, controlado por la española Repsol.
Por amplia mayoría, los eurodiputados han aprobado una resolución que pide a la Comisión y al Consejo de la UE que valoren opciones como la «posible suspensión parcial» de Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario.
Los socialistas españoles se han desmarcado de la decisión concreta de pedir la suspensión de las SGP, si bien se han sumado al resto de la resolución de condena a la decisión de Argentina que han firmado todos los grupos menos los Verdes/Alianza Libre Europea y la Izquierda Unitaria.
El texto común de la Eurocámara sobre la decisión de Argentina ha recibido 458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones.
La resolución «deplora la decisión tomada por el Gobierno argentino, sin tener en cuenta una solución negociada, de proceder a la expropiación de la mayor parte de las acciones de una compañía europea, ya que representa una decisión unilateral y arbitraria».
Además, considera que la nacionalización de YPF supone un «ataque al ejercicio de la libre empresa y al principio de certidumbre legal, deteriorando así el clima empresarial para los negocios de la UE en ese país».
La resolución del PE constata que esta decisión «se refiere a una sola empresa del sector y tan sólo a una parte de su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio», en su opinión.
Por otra parte, los eurodiputados han advertido en el texto que decisiones como la tomada por las autoridades argentinas pueden «enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento necesarios» para cerrar las negociaciones en curso de un acuerdo de asociación UE-Mercosur.
«Para que esas negociaciones sean un éxito, las dos partes tienen que conversar en un espíritu de apertura y confianza mutua», apuntan los eurodiputados.
