Nueve empresas privadas dedicadas a diversas actividades y 7 personas naturales fueron denunciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por presunto uso doloso de documentos falsos.
La acusación la presentó ayer el director de esa entidad, Carlos Marx Carrasco, ante el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, en un acto público.
Según el funcionario de rentas, se trata de un delito penal que podría ser sancionado con prisión de dos a seis años, de acuerdo a la gravedad de la falta.
El organismo de control tributario indicó que las 16 denuncias son por el uso de facturas de empresas fantasma, instrumentales o de papel, lo cual representa un delito contra la fe pública.
En otros casos se presentaron documentos falsos para hacerse acreedores a la devolución del Impuesto a la Renta, un beneficio que ofrece el SRI, por ejemplo, para personas con discapacidad.
“Ciudadanos con cualidades especiales, que no pueden llamarse discapacitados, presentaron documentos que los acreditarían como tal para acudir al SRI y pedir devolución de impuestos de forma ilegítima”, explicó Carrasco, quien solicitó que se sancione a los responsables.
Entre las empresas cuestionadas están: Poligráfica, Distribuidora Romero Reyes, Unades, Equitransa, Recynter, Expomedios, Unlimited Corp, Rimesa y Nobicorp, las cuales presentaron papeles falsos con el aparente propósito de reducir su carga tributaria.
La investigación la realizó la Regional del Litoral Sur, por lo que las personas y compañías denunciadas están domiciliadas en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos.
En cambio, los ciudadanos Defaz ávila Héctor, ángela José Cruz, Helen Haddad Hernández, Tomás Rodríguez León, Cecilia Delgado Cantos, Luisa Puertas Ríos y Flérida Vera Alomía, según el SRI, utilizaron documentos falsos para beneficiarse de la devolución del Impuesto a la Renta.
La autoridad tributaria detectó anomalías en sus declaraciones, como los altos montos de las devoluciones, la presentación de facturas emitidas por empresas fantasma para sustentar gastos personales y el uso de los carnés falsos del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) o con fecha caducada para obtener beneficios.
Aunque no se han establecido pérdidas económicas para el Estado por ese uso doloso de documentos falsos, Carrasco reiteró que se trata de un delito penal que debe ser investigado y sancionado. Lo que más le preocupa es que con esos mismos documentos se intentaría engañar a otras instituciones del Estado. Por ese motivo, son delitos que no se sancionan con una multa, sino que le corresponde a la Función Judicial establecer responsabilidades de carácter penal.
De las 16 denuncias presentadas, 10 son por presunto “uso doloso de documento privado falso”, tipificado en el artículo 340 y 341 del Código Penal y sancionado con una pena de prisión de 2 a 5 años; y seis corresponden al presunto “uso doloso de documento público falso”, que según los artículos 339 y 341 del Código Penal se sancionan con reclusión de 6 a 9 años.
Carrasco fue enfático en señalar que estos casos deben ser sancionados con prisión y no solamente con medidas sustitutivas, con el propósito de que esas prácticas no se vuelvan a repetir.
El fiscal Chiriboga señaló que existe el compromiso institucional para dar trámite, a la brevedad posible, a esas investigaciones. Además respondió que el deber de la entidad es cumplir con las disposiciones legales, al tiempo de señalar que el nuevo constitucionalismo establece que “la última razón de intervención del Estado es la penal”.
El titular del SRI aprovechó el encuentro para solicitar al Fiscal General que dé mayor agilidad a las investigaciones en torno a otras 38 denuncias penales que presentó en diciembre pasado por la retención indebida de impuestos, pues ciertas empresas no cancelaron esos dineros al Estado.
Chiriboga dijo que desde entonces se han resuelto siete casos, mientras que los demás se encuentran en etapa indagatoria, pese a que debían estar ya en instrucción fiscal.
Have an existing account?
Sign In
