Los miembros de la Comisión de Justicia coinciden en incluir en el proyecto de Código de Procedimiento Penal un capítulo sobre Protección de Víctimas y Testigos.
La asambleísta Marisol Peñafiel (PAIS), integrante de la mesa, señala que entre los temas que debería contener el cuerpo legal está implementar “un verdadero sistema de protección e inversión del Estado para precautelar la integridad de las víctimas, ya que en muchos casos son asesinados por ser testigos clave dentro de los procesos, principalmente relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico”.
La legisladora comenta que las víctimas no denuncian por temor a ser perseguidas por sus victimarios y es partidaria de proteger a los testigos más vulnerables. “Hay que mejorar los sistemas de protección de testigos para evitar la impunidad”, anota.
El asambleísta Vicente Taiano (Prian) está de acuerdo con la iniciativa, ya que la normativa respaldaría el trabajo de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que actúa en la Fiscalía.
Al recordar el asesinato de Daniel Rengifo Ureña, principal testigo en la investigación por la muerte de Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Víctor Zambrano, señala que la normativa debería incluir que “la protección por parte de la Fiscalía sea el tiempo necesario, mientras su vida corra peligro, para lo cual debe existir el presupuesto respectivo”.
Sin embargo, ayer durante el debate el legislador Luis Morales de la misma agrupación mostró reparos al proyecto.
El legislador Hólger Chávez (PAIS), concuerda con Taiano y agrega que el Estado debe amparar a los testigos, tanto física como emocionalmente, pero no solo mientras dure la diligencia y se determinen las responsabilidades penales, sino hasta que su seguridad y la de su familia estén garantizadas.
Primer debate del proyecto para reparar a víctimas
El pleno de la Asamblea Nacional tramitó ayer en primer debate el proyecto de ley para la reparación de víctimas y judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre octubre de 1983 y diciembre de 2008.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, explicó que el documento se basa en las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y propone crear una Unidad Ejecutiva para la Reparación y Judicialización (UERJ), que estaría adscrita al Ministerio de Justicia y administraría un fondo para la indemnización de las víctimas de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. También se plantea conceder becas de estudios u otras ayudas para sus familiares.
El documento, compuesto por 18 artículos, pretende “viabilizar la judicialización de los casos investigados por la Comisión de la Verdad”, que actualmente están en la Fiscalía.
Entre los 118 casos registrados por la Comisión de la Verdad están la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo (1988), el asesinato de la profesora Consuelo Benavides (1985) y el caso Fybeca (2003).
Sobre la protección de víctimas y testigos, el artículo 78 de la Constitución establece que: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial (…) y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.
Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”.
