La petición fue hecha por los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera al alegar en el juicio oral y público que se sigue al ex mandatario (1989-1999) y a otras 17 personas por la venta ilegal de armamento a dos países con los que por entonces estaba prohibido comercializar armas.
Los fiscales pidieron además siete años de cárcel para el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y para el ex asesor presidencial Emir Yoma, además de solicitar que se investigue por falso testimonio al ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza.
Para la Fiscalía, Menem convalidó la venta de armamento y firmó los decretos «a sabiendas del verdadero destino del material», que supuestamente sería comprado por Panamá y Venezuela.
El pasado día 7, el Estado pidió en su alegato final cinco años de cárcel para Menem, actual senador, a través de Carlos Lobos Oroño, abogado de la Aduana argentina.
Aún resta escuchar los alegatos de los defensores de los acusados, pero ello ocurrirá recién en febrero, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria de enero.
Además de Menem, Camilión y Yoma, están imputados el sindicado traficante de armas Diego Palleros; Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea, y Enrique de la Torre, un antiguo funcionario de la Cancillería, entre otros.
En este proceso oral y público, iniciado en octubre de 2008, se juzga la venta ilegal entre 1991 y 1995 de 6.500 toneladas de armamentos a Croacia y Ecuador.
Las exportaciones se realizaron bajo el amparo de dos decretos presidenciales que mencionaban a Venezuela y Panamá como destino del armamento.
Por esta causa, Menem estuvo seis meses detenido en 2001, acusado de ser el jefe de una «asociación ilícita» dedicada al tráfico ilegal de armas, pero fue liberado a raíz de un fallo de la Corte Suprema, por entonces afín a su Gobierno.
En diciembre pasado, el máximo tribunal del país rechazó una petición de los abogados del ex jefe del Estado y ordenó que debía continuar el juicio.
Menem, de 79 años, no asistió a ninguna audiencia y, cuando tuvo que oír la acusación en su contra, consiguió una autorización para hacerlo a través de una videoconferencia desde la norteña provincia de La Rioja, su tierra natal.
