La reforma a la Ley 88, que permitirá la legalización de tierras en Monte Sinaí, estará concluida en cuatro semanas, según la proyección que realizaron ayer miembros de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, de la Asamblea Nacional.
Autoridades seccionales y representantes de las cooperativas de Monte Sinaí (noroeste de la ciudad), participaron en un encuentro para exponer las observaciones que serán consideradas en el informe que se conocerá, en segundo debate, en el Legislativo.
Las delegaciones ciudadanas que se dieron cita ayer en la sesión, desarrollada en el edificio La Previsora, solicitaron incluir en el proceso de legalización a las familias que construyeron desde 2011, pero que adquirieron sus terrenos antes de esa fecha.
Además, sugirieron el congelamiento de las cuotas para adquirir casas financiadas por el Gobierno Nacional y reconocer un valor justo a los propietarios de terrenos que serán utilizados en proyectos gubernamentales.
Rosana Cortez, representante de la Red Orcoso, que agrupa a 25 cooperativas, afirmó que pese a las gestiones gubernamentales y a la entrega de certificados de ubicación, las familias del sector aún tienen dudas. «Hay mucha gente analfabeta que se desespera porque no sabe si en esos certificados están perdiendo parte de sus terrenos».
Hay habitantes, aseguró, que adquirieron terrenos entre 2007 y 2010, pero que decidieron esperar a que terminen los operativos de desalojos para levantar sus viviendas. «Sugerimos que sean favorecidas con la legalización».
Walter Plúa, delegado del Comité de Coordinación y Gestión Comunitaria (Cocoge), solicitó que si el Gobierno utilizará total o parcialmente los terrenos ya adquiridos por familias para levantar un proyecto -parques o dispensarios-, se considere una indemnización. «Queremos que se respete el tamaño de los solares en el momento que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) comience la construcción de viviendas».
Sobre este tema, la entidad estatal elabora un estudio para determinar las dimensiones de los inmuebles, y tomará en consideración que las propiedades tengan condiciones apropiadas para ser habitadas. Es decir, no se aceptará que una familia habite en un terreno de, por ejemplo, 5 metros cuadrados, por ser un espacio reducido.
Plúa explicó que en el primer informe de la reforma a la Ley 88, está especificado un plazo de 15 años para adquirir estas viviendas. «Sería conveniente que se congelen las cuotas en el momento que se adquieran las casas, por el plazo que se determine para pagarlas».
Isabel Pibaque, de la cooperativa María Paydar, admitió que hay familias que viven desde 2011, pero que no tienen alternativa habitacional si llegan a ser desalojadas. «El artículo 30 de la Constitución señala que las personas tenemos derecho a una vivienda segura, saludable y digna», señaló.
Sobre los operativos de desalojo, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) informó que solo quedan 200 casas por retirar de Monte Sinaí, mientras que otras 14.000 serán legalizadas.
Patricio Ramírez, quien representó a los planteles de Monte Sinaí, pidió que se incluya la legalización de terrenos con fines no habitacionales para implementar servicios educativos, religiosos y comerciales. «Consideramos que no estamos siendo tomados en cuenta y la gente puede malinterpretar y pensar que la estamos estafando».
La exposición de propuestas, que también fueron presentadas por escrito a la comisión de Gobiernos Autónomos, demoró aproximadamente una hora. Intervinieron, además, Viviana Bonilla, gobernadora del Guayas; Julio César Quiñónez, titular de la Stpahi; y Carlos Salmon, director de Terrenos y Servicios Parroquiales del Municipio.
