Norma Carrasco fue una víctima de los usureros (personas que cobran elevados intereses por un crédito). Recurrió a los prestamistas en dos ocasiones y solicitó 10.000 y 8.000, respectivamente.
Ella vivía en Estados Unidos porque estaba realizándose un tratamiento médico de su riñón y durante su permanencia en ese país hacía sus pagos puntuales. Sin embargo, cuando retornó al Ecuador se llevó la sorpresa de que la cancelación del crédito no fue confirmado por estas personas.
Por ello, inició un proceso judicial para evitar que los usureros le quitaran sus propiedades. Según comentó a ANDES, sus esfuerzos no dieron resultado, pues tuvo que cancelar 56.000 dólares en efectivo y “además de eso se llevaron 200.000 dólares en propiedades. Me dejaron en la calle”, señaló.
Con todas las pruebas empezó su peregrinar por los juzgados. “Pero no ha habido fuerza humana que les haga ver a los señores jueces que me devuelvan el dinero. Y lo que es peor hasta el día de hoy no se ha hecho justicia”, sostuvo. La inacción de los jueces que conocieron su caso fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura, pero estas fueron desestimadas. Frente a ello, Carrasco resolvió, junto a otras 200 personas afectadas por la “corrupción judicial” crearon la Fundación ProJusticia. El objetivo es “generar una voz ciudadana”.
Por todos estos antecedentes, dijo Carrasco, es necesaria la aprobación de la pregunta número seis de la Consulta Popular que sanciona el enriquecimiento privado ilícito. La pregunta seis de la Consulta Popular consulta: ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de los resultados del plebiscito tipifique en el código penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado?
Para Carrasco, esta pregunta es fundamental. “Esta gente deberá demostrar de dónde sacan el dinero, saber sus contabilidades. Se evitará que haya personas que se llevan propiedades por deudas de apenas unos 300 o 200 dólares”, sostuvo.
La afectada menciona que si no hay un cambio la usura continuará sin sanciones. “El usurero no se da cuenta que arruina la vida de familias enteras”.
