Los sindicatos, que calcularon que el seguimiento de la huelga contra la reforma laboral fue de un 77%, solicitaron al Gobierno negociar, de lo contrario recrudecerán el conflicto. El régimen de Rajoy respondió que la nueva norma es “imparable”.
En medio de una huelga general, el Congreso español aprobó ayer un decreto de ley destinado a tratar de atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios que sufren muchas familias en España.
Entre los perjudicados están los ecuatorianos que, según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, hay entre 8.000 y 10.000 connacionales que han sido víctimas de ejecuciones hipotecarias, mientras que entre 60.000 y 80.000 están al borde del desahucio.
Antes de su aprobación, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió el texto y señaló que favorecerá a familias que, por no poder hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, sufren el riesgo de quedar excluidos socialmente.
El decreto define qué características debe cumplir un cliente bancario para ser considerado en riesgo de exclusión, como que la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y que la hipoteca consuma el 60 por ciento al menos de los ingresos que percibe.
La vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros (unos $265.146 ) en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros (alrededor de $160.000) en las poblaciones de menos de 100.000.
Como anexo al decreto, se incorpora un código de buenas prácticas que la banca puede asumir de manera voluntaria, aunque una vez suscrito su aplicación será obligatorio durante dos años. Este código establece, por ejemplo, la obligación de refinanciar la hipoteca a las familias y en caso de que no puedan pagar les aplicará una quita o, en caso de impago, se podrá entregar la vivienda en dación en pago. En este caso, la entidad está obligada a dejar que la familia permanezca un tiempo en la casa con el abono de un alquiler razonable.
Mientras tanto, España vivió ayer su primera huelga del año y la primera del Ejecutivo de Mariano Rajoy que se saldó con fuertes choques en Barcelona, 58 agentes de la autoridad heridos, 46 civiles heridos y 176 detenidos en choques en todo el país. La medida, que tenía como fin rechazar la reforma laboral recién aprobada, culminó con una multitudinaria manifestación en la Plaza del Sol en Madrid.
Miles de españoles se manifestaron en diversas ciudades, como Madrid, Valencia y Barcelona, última ciudad donde hubo algunos incidentes en la mañana, donde 17 personas fueron detenidas después que la Policía cargara en el centro de la ciudad contra grupos de jóvenes que incendiaron contenedores y dañaron mobiliario urbano. Luego en la tarde, se produjo una batalla campal entre policías y manifestantes, cuyo saldo de heridos y detenidos, hasta el cierre de esta edición, se desconocía.
La jornada de paro transcurrió con un desigual seguimiento, según los sectores, con el cese de la producción en grandes empresas de la industria, pero con menor repercusión en servicios y transportes.
Mientras los líderes de los dos principales sindicatos españoles, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras (CC.OO.), y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT), anunciaban que las movilizaciones fueron un “éxito democrático” y emplazaban al Gobierno a negociar una nueva ley, el Ejecutivo, que vivía su primera huelga, respondía que la nueva norma laboral era “imparable”.
Los sindicatos dieron de plazo hasta 1 de mayo para que el régimen les “lance una señal”. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó en la primera respuesta del Ejecutivo que cuentan con los sindicatos para entablar un diálogo “abierto y permanente”, pero dejó claro que las partes fundamentales de la reforma laboral no se van a modificar.
Los trabajadores, entre ellos los migrantes ecuatorianos, rechazan la ley sobre todo porque, según la nueva norma, la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente se reduce de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, mientras que en caso de despido procedente, será de 20 días hasta un máximo de 12 mensualidades. Actualmente España supera los 5 millones de “parados” con una tasa de población activa sin trabajo del 22,85% y, según previsiones del mismo, este porcentaje podría aumentar a un 24,3% este año.
Sobre el desarrollo de la protesta, los secretarios sindicales indicaron que la participación fue “muy amplia”, en torno a una media del 77% , y que el seguimiento supera al de las huelgas de 2002 y 2010, esta última también contra una reforma laboral. El Gobierno no compartió los cálculos de los sindicatos tras resaltar que el impacto de la huelga es “inferior” al paro de 2010.
