El Gobierno español anunció ayer una serie de reformas económicas y un presupuesto marcadamente austero para 2013, que incluye un ajuste de 40.000 millones de euros, un 30% más que en 2012 cuando fue de 27.300 millones. Las medidas llegan en medio de las crecientes protestas contra la política económica.
Es un presupuesto que supondrán un mayor ajuste en el gasto (58%) más que los ingresos (42%), afirmó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. Añadió que el gobierno aprobará 43 leyes en los próximos 6 meses para dinamizar la economía.
Entre las reformas está que el gobierno aceptó una norma para disponer, por primera vez, de 3.063 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para pagar las pensiones y cumplir “una serie de necesidades de tesorería”, indicó Sáenz. El pasado mes de agosto, el gobierno ya recurrió al Fondo de Prevención y Rehabilitación, del que tomó 4.400 millones de euros para resolver también problemas de tesorería de la Seguridad Social.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el gasto social representa el monto más importante, 63,6%, e indicó que solo aumentarán 1% las partidas destinadas a las jubilaciones, las becas y los intereses de la deuda. La necesidad de buscar financiación en el exterior disparó los intereses de la deuda pública en 38.000 millones y se prevé que para 2013 este gasto aumente un 5,6%.
Por otra parte, el salario de los funcionarios seguirá congelado en 2013 y por tercer año consecutivo, pero no se suprime la paga extra de Navidad. Los ministerios verán reducidos sus presupuestos en 12%, mientras los premios de loterías del Estado superiores a 2.500 euros estarán sometidos a un nuevo gravamen del 20%, con el que se ingresarán 824 millones de euros.
Para tranquilizar a los inversores, el plan de reformas aprobado incluye una “autoridad fiscal independiente”, que avalará el cumplimiento de la política presupuestaria, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, precisando que se trataba de una demanda de la Eurozona, que ha comprometido un préstamo de 100.000 millones de euros para rescatar a la banca española en crisis.
Referéndum genera tensión en Cataluña
Luego de que el parlamento autónomo de Cataluña, en el noreste de España, aprobó ayer una resolución que pide la convocatoria de una consulta popular sobre la autodeterminación de la región, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que hay instrumentos suficientes para frenar dicho proceso y que el Ejecutivo “está dispuesto a usarlos”.
En primer lugar Sáenz de Santamaría indicó que si se hiciera una convocatoria recurriendo a la ley catalana esta tiene que ser autorizada por el Estado español, casó contrario el gobierno podría pedir al Tribunal Constitucional dejarla sin efecto.
También la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, alertó al presidente de Cataluña, Artur Mas, que “podría caer en un delito de sedición”, si plantea una consulta soberanista.
