Esta semana siguen su marcha en el Ecuador dos procesos judiciales por el levantamiento policial e intento de golpe de Estado el pasado 30 de septiembre, en contra del presidente Rafael Correa.
El dictamen sobre el caso del exdirector del hospital de la Policía, César Carrión, acusado de intento de magnicidio en los hechos de aquel día, se presentará este 6 de septiembre.
El 2 de septiembre, el Tribunal Quinto Penal de Pichincha suspendió el dictamen y dio la nueva fecha para entregar el resultado del proceso. En mayo Carrión obtuvo su libertad luego de ser absuelto por el juez Hugo Sierra.
En este proceso, algunos policías aceptaron su participación en los hechos e inclusive se disculparon públicamente, pero también fueron absueltos.
El ministro del Interior, José Serrano, dijo que Sierra actuó de manera “parcializada” y anunció entonces que el Estado apelaría el fallo, tal como ocurrió.
El fallo fue presentado por el fiscal Luis Enríquez y, de aceptarse el pedido, los procesados podrían enfrentar una condena de 8 a 12 años de prisión.
En otro proceso sobre los mismos acontecimientos, para hoy está previsto que continúe la audiencia preparatoria a juicio de 47 policías. La semana pasada el fiscal Jorge Cano presentó un dictamen que acusó a 15 como cómplices, autores y encubridores.
Cano también acusó al capitán Geovanny Fuentes como cómplice. En la lista también está el excomandante de la Policía, Florencio Ruiz.
Contra los 32 policías restantes no se levantaron cargos, por lo que los abogados de estos uniformados acogieron el dictamen y solicitaron el sobreseimiento definitivo del proceso y de los procesados.
Ambas partes presentaron sus argumentos en la audiencia que empezó el lunes, con estrictas medidas de seguridad dentro y fuera de la sala judicial.
Asimismo, el 28 de junio seis policías fueron declarados culpables de atentar contra la seguridad de Estado, por los mismos sucesos. Ellos fueron el coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa, y cinco policías. Los policías fueron acusados de impedir que se reuniera la Asamblea Nacional.
El ministro José Serrano afirmó que los hechos del 30-S no pueden quedar en la impunidad y llamó a la fuerza pública para asumir su trabajo con mayor responsabilidad en el fortalecimiento de las relaciones entre la institución y los ciudadanos.
El saldo de la intentona golpista fue de ocho muertos y 270 heridos, mientras el presidente Correa permanecía retenido en el hospital policial, rodeado en las afueras por unos 800 amotinados armados.
