Las comercializadoras de gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico enfrentan una demanda por presunto peculado desde mediados del año pasado.
Esta acción legal fue presentada por el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), José Luis Cortázar, en junio del año pasado, luego de presentarse indicios de la presunta venta de gas subsidiado a precios internacionales.
En una entrevista otorgada a este Diario hace dos semanas, el funcionario indicó que las empresas comercializadoras estaban usando el remanente de los tanques de gas doméstico subsidiado para venderlos al sector industrial a precios internacionales.
De acuerdo con estudios de la Arch, de cada cilindro de 15 kilogramos de gas doméstico, queda un remanente del 3,7%. Este no puede terminar de consumirse en los hogares por lo que el producto retorna a las envasadoras de gas.
Cortázar indicó que de acuerdo con el departamento de auditoría de la Arch, se detectaron fuertes indicios de que este remanente habría sido presuntamente utilizado para su comercialización en el sector industrial a precios internacionales, sin subsidio.
De acuerdo con datos reportados por la entidad el año pasado, el costo real de importación del gas de uso doméstico es USD 22,27 para un tanque de 15 kilos, pero su comercialización se realiza a USD 1,60.
Es decir que de cada cilindro para uso doméstico, el Estado subsidia USD 20,67. Sin embargo, para el sector industrial el costo del cilindro es igual al del precio internacional.
Por ello, la venta de gas subsidiado a precios internacionales habría significado para el Estado un presunto perjuicio de varias «decenas de millones de dólares», dijo Cortázar.
El funcionario añadió que se tiene indicios de que esta práctica se dio en las comercializadoras desde el 2002. ¿Por qué no se denunció antes? «Yo respondo desde que asumí el cargo en mayo del 2013», contestó Cortázar. Según el funcionario las evidencias se entregaron a la Fiscalía y esta última pidió un examen especial a la Contraloría para determinar si existió un presunto delito de peculado.
Hasta el momento, el caso se encuentra en indagación previa, dijo Cortázar, por lo que no reveló cuáles de las 11 empresas comercializadoras están dentro de la demanda. Señaló que la Contraloría aún no ha dado la lectura del borrador sobre el examen especial pero ha recogido ya información de la Arch.
Este Diario buscó la versión de la Asociación de Comercializadoras de Gas (Asogas) sobre el tema, pero no hubo una respuesta. Sin embargo, fuentes cercanas a este sector que pidieron la reserva, indicaron que la Fiscalía aún no ha acusado a ninguna de las empresas. Las fuentes añadieron que según el Acuerdo No. 341 del 17 de mayo del 2002, del Ministerio de Energía, no está prohibida la comercialización de los excedentes de GLP.
En el cuarto considerando de este documento, el Ministerio de la época reconoce que «este excedente es distribuido al público por parte de las comercializadoras de GLP, obteniendo ingresos adicionales no previstos, sobre los cuales deben cancelar los tributos correspondientes.»
Sin embargo, el acuerdo no menciona si se pueden comercializar los excedentes o no. Pero Cortázar insistió en que ello implica un delito penal de peculado desde el 2007. El exdirigente sindical de Petroecuador, Henry Yánez, dijo que llama la atención que el Gobierno se abandere del tema de los excedentes cuando las denuncias al respecto se han conocido desde los años 90.
Advirtió que en esa época ya se sabía que las comercializadoras se quedaban con un excedente del cilindro y los sindicatos de Petroecuador pidieron que a las empresas se les pague menos de los 15 kilogramos por cada tanque.
Según Yánez, esta reacción «tardía» del Gobierno se debe al peso que tienen los subsidios en el presupuesto. En contexto El Ecuador consume 2 777 toneladas de gas licuado de petróleo al día. De este volumen, el 77,6% es importado mientras que el 22,3% restante es producido en la Refinería de Esmeraldas. Cerca del 93% del costo total del gas es subsidiado para uso doméstico.
