El pasado 16 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual del 2012. En dicho informe se hizo un análisis dedicado a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. Además de esto se puntualiza la situación de la prensa en cada uno de los 27 estados miembros.
El estado ecuatoriano no tardó en manifestar su inconformidad a dicho informe y realizó observaciones y comentarios citando párrafos específicos.
En las críticas emitidas por el gobierno está el que la metodología no es «robusta», por lo que no existe una sistematización en la información presentada. Además afirma que «la Relatoría no aplica código de conducta, manual o guía metodológica alguna».
En el análisis de la Comisión se presenta una parte en donde se analiza el estado de Libertad de expresión en Ecuador. En este fragmento se mencionan algunos hechos concretos sobre periodistas, entre ellos la muerte del fotoperiodista Byron Baldeón, el mismo que fue asesinado el 1 de julio del 2012 en El Triunfo. La Relatoría Especial afirma que «observa con satisfacción» que el 3 de julio, el Ministro del Interior, José Serrano haya nombrado un equipo especializado de policías para que ayuden a esclarecer los hechos.
Sin embargo, el estado ecuatoriano manifiesta que en el informe se prioriza la muerte del periodista en lugar de mencionar las acciones del gobierno por resolver dicho crimen. Además sostienen que tampoco se menciona lo que el Presidente de la República dijo al momento de conocer la noticia: «no permitiremos que este crimen quede en la impunidad».
Como una última observación a este párrafo, el estado ecuatoriano afirma que en el informe de la Relatoría se invisibiliza la acusación pública hecha por Henry Holguín, ex director del diario Extra, en donde acusa a Fundamedios (principal fuente de la Relatoría para éste párrafo) de manipular la muerte del fotoperiodista.
Otra de las correcciones que se hacen sobre el informe de la Comisión, es que en el párrafo 177 mencionan que «observan con preocupación» algunas de las disposiciones correspondientes a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones políticas, así como también del Código de la Democracia; pues aducen que podrían «resultar en limitaciones desproporcionadas a la libertad de expresión durante los procesos electorales».
Ante esto, el estado ecuatoriano defiende que en el informe se omite gran parte de lo que se establece en la ley mencionada, y que por esto se saca de contexto lo que se regula en dicha ley. Dentro de este tema también se critica el hecho de que en el informe se omite uno de los principales objetivos de la ley: «cumplir con los principios de participación equitativa e igualitaria entre los candidatos». En este link puede ver la ley completa.
Sobre la Ley de Comunicación próxima a aprobarse, la Relatoría Especial resaltó la parte en donde se habla de la creación de un organismo administrativo con competencia para regular contenidos de los medios de comunicación, incluyendo la prensa escrita. En este sentido, el estado ecuatoriano sostuvo que uno de los principales errores en esta parte es que la Relatoría Especial se refirió al proyecto de ley presentado por la asambleísta Lourdes Tibán, por lo que no aplica ningún tipo de análisis.
