Un grupo de 6.500 ex trabajadores de la empresa Pepsi Cola Ecuador Cía. Ltda. exigen la devolución de los valores que les fueron descontados de sus salarios por concepto de aportaciones personales a la seguridad social, ya que estos nunca fueron depositados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En una demanda presentada ante la Dirección de Trabajo del Guayas el pasado 27 de mayo de 2010. El Comité Especial de Trabajadores de Pepsi Cola afirma que la empresa ha incumplido con la consignación de los aportes a la seguridad social desde 1991, esto a pesar de que dichos valores eran descontados mensualmente del salario de los empleados.
“Ellos nos descontaban de los roles de pago y no hacían las aportaciones al IESS, eso es un delito grave, por eso pedimos que nos devuelvan nuestro dinero y todo lo que nos adeudan”, indica Douglas González, representante del gremio.
González explica que debido a esto los empleados se vieron privados de todos los beneficios que brinda la seguridad social, como la atención médica, medicamentos, préstamos quirografarios, hipotecarios, fondos de reserva, entre otros.
En la demanda los ex trabajadores también expresan su inconformidad por el salario que percibían, por lo que exigen a su empleadora el incremento de los sueldos de todos los trabajadores con carácter retroactivo a partir del mes de enero de 2010. Adicionalmente, piden que para los empleados activos se de una estabilidad de por lo menos cinco años.
A esto se suma el reclamo por el pago de las utilidades, vacaciones, horas suplementarias y extraordinarias adeudadas de 1991 a 2010. Así como el reconocimiento de un subsidio de antigüedad de un 5 por ciento por cada año de servicio, a partir de enero de 2010.
González indica que debido al amplio pliego de peticiones no han fijado en la demanda el valor que la empresa debería pagar por los beneficios adeudados, pero calcula que podría alcanzar 120 millones de dólares. Lo que sí está establecido en la querella es la exigencia de que los demandados paguen los costos procesales de dicha acción colectiva de trabajo, los mismos que están estimados en 3 millones de dólares.
El dirigente señaló que de forma reiterada el Comité ha expuesto su interés de llegar a un consenso con los representantes de Pepsi Cola en Ecuador, una multinacional estadounidense que opera en varios países, pero no han recibido ninguna respuesta favorable.
FALLO EN CONTRA
Lo más preocupante para los trabajadores es que su demanda tampoco ha sido atendida por las autoridades laborales, ya que el pasado 15 de febrero la Inspectoría del Trabajo del Guayas declaró la nulidad del proceso mediante el cual reclamaban el pago de utilidades, aportes a la seguridad social, horas extras y otros beneficios. David Arellano, secretario general del Comité Especial de Trabajadores de la empresa, rechaza este fallo y lo califica de “ilegal e inconstitucional”.
A criterio del dirigente, la resolución no tiene validez porque ha sido emitida sin que se haya procedido a la conformación de la Comisión de Conciliación y Arbitraje.
La Inspectoría del Trabajo del Guayas, en su resolución, indica que declaró la nulidad del proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “La violación de trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se esté juzgando, anula el proceso”.
Al respecto, Arellano dice que la Inspectoría “no es clara” porque no especifica cual es la violación que han cometido en dicho trámite.
La autoridad de trabajo también señala que el Mandato Constituyente 8 eliminó y prohibió la tercerización, en consecuencia las relaciones laborales son bilaterales y directas con un solo empleador. De tal forma que “los accionantes deben dirigir el pliego de peticiones exclusivamente en contra de su patrono”. Esto va en referencia a que la demanda fue presentada contra Pepsi Cola Cía. Ltda. y sus filiales Syl Trading Company S.A., Delisoda S.A. y Losky S.A.
Los representantes de dichas empresas, según consta en la resolución, han negado los cargos de los que se los acusa y que hayan incumplido con las leyes laborales, a excepción del pago de las vacaciones.
Arellano reaccionó ante esta situación solicitando la revocatoria de la providencia por considerar que está sesgada en favor de la empresa y que atenta contra los derechos de los trabajadores. Además, exigió la instalación de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que resuelva el caso.
