Víctor Erazo, director del desaparecido Movimiento Acción Nacional (MANA), antes llamado Frente Radical Alfarista (FRA), Alfarismo Nacional e Integración Nacional Alfarista (INA), amenazó ayer con demandar penalmente al alcalde de Quito, al Concejo Metropolitano y a la comisaria municipal por clausurar y ordenar la reversión de la propiedad del inmueble en el que funcionaba la sede de la agrupación política.
El argumento para revertir la propiedad del predio fue que el partido incumplió cláusulas de la escritura de donación firmada el 14 de abril de 1982, mediante la cual el desaparecido FRA recibió del Municipio una propiedad ubicada en la calle Juan González N36-44 y Corea, en el norte. La donación se firmó en la Notaría Vigésimo Sexta entre el exalcalde, Álvaro Pérez, y Cecilia Calderón, directora nacional.
La donación del terreno de 530 m2 estipulaba que debía ser usado en funciones políticas, sociales, culturales y educativas, y que «de hecho se revertirá el inmueble a propiedad municipal en caso de que en el terreno donado no se hubiese construido el edificio en el evento de extinción de la personería jurídica (FRA); y que no se destine la edificación al objeto materia de la donación». Tras un operativo efectuado el 25 de julio pasado, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) descubrió que en la sede funcionaban un restaurante, un karaoke y un bar, por lo que el martes pasado, con las pruebas respectivas, decidió intervenir y recuperar el predio.
Frente al supuesto incumplimiento de cláusulas, Erazo destacó: «Eso no es verdad porque la escritura de donación, en la cláusula tres, dice que sin perjuicio, el partido político puede sacar renta del predio».
Insistió en que recién empezaron a arrendar en junio pasado, pese a que en el contrato suscrito entre él y Luisa Restrepo (ver facsímil) para que funcione un restaurante consta con fecha 1 de marzo de 2013, por lo que ya habrían cobrado al menos cuatro meses, lo que sumaría $ 1.000, los cuales -admite- fueron destinados a pagar agua, luz, teléfono e impuestos, ya que la plata para ello no sale de los afiliados.
Al consultarle por qué María Rodríguez firmó uno de los contratos de arriendo si no pertenece a MANA a una tercera persona, Yolanda Viteri, para montar un bar donde se expendía licor por un valor de $ 600 mensuales y una garantía de $ 1.200, Erazo reconoció que arrendó el predio a Rodríguez quien, a su vez, subarrendó con su autorización.
Según Marcelo Dávila, de la Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles, estaban lucrando de bienes públicos. Ante esto, Erazo aclaró: «Eso no es propiedad pública, es privada, porque una donación es propiedad privada… Se rompió todo derecho y por eso vamos a enjuiciar penalmente a la comisaria, al alcalde y al Concejo Metropolitano, porque violentaron el debido proceso y la seguridad jurídica. Y si no tenemos eco en las cortes controladas por el presidente Rafael Correa, lo denunciaremos internacionalmente».
Con respecto a las acciones emprendidas para que MANA no pierda su personería jurídica por no lograr la reinscripción por la falta de firmas, Erazo indicó que el 25 de julio pasado presentó ante el Consejo Nacional Electoral una impugnación. En lo medular, indicó que en esa acción legal rechazó que se le quite el nombre y símbolos que identifican a la agrupación «porque vemos que eso atenta contra los derechos constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos a organizarse en varias actividades, entre ellas, la política». Manifestó desconocer qué plazo tiene el CNE para pronunciarse.
