El Estado ecuatoriano y empresarios deberán desembolsar $25,5 millones en 2011, en caso de que el Congreso de Estados Unidos no prorrogue, las preferencias arancelarias andinas (Atpdea), anunció la ministra de la Política Económica, Katiusca King.
King se mostró esperanzada en que la Atpdea se renueve y que el impase con la embajadora de ese país, Heather Hodges, no afecte en la firma de las preferencias arancelarias. No obstante indicó que si sucede lo contrario el sector exportador privado debería desembolsar $21,6 millones por aranceles, y el Estado, los restantes $3,9 millones por las exportaciones petroleras.
“Las exportaciones que tienen que ver con el Atpdea, representan un 5% de las exportaciones totales”, aclaró la funcionaria de Estado, mientras recordó que el comercio con Estados Unidos es mayoritariamente petrolero y solo el 27%, corresponde a exportaciones no petroleras.
El Atpdea se promulgó en 2002 y se renovaba anualmente a favor de los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) como compensación a la lucha contra el narcotráfico. Bajo ese esquema Ecuador cumplió positivamente con esta labor.
La ministra explicó que de un total de 6.300 partidas que gozaban de una reducción de aranceles, en 2010 se utilizaron apenas 400, es decir, menos del 7%.
Además, de las exportaciones totales de $5.865 millones, el 94% corresponde a petróleo, por lo que el Estado no tendrá dificultad en asumir el pago del impuesto. “Tenemos altos precios en el mercado internacional y esto no repercutirá en nuestra economía”, explicó la ministra y agregó que en aranceles petroleros, Ecuador debería pagar 3,9 millones de dólares anuales.
“Debemos tener políticas claras para enfrentar cualquier eventualidad”, dijo la ministra, al indicar que se está magnificando el tema.
Ella explicó que los empresarios privados podrían adoptar como estrategia asumir el costo de aranceles y reducir la rentabilidad, que pasaría del 28% de ingresos al 27%, o incrementar los precios a los consumidores de Estados Unidos que, potencialmente podría afectar a la demanda.
La otra salida es que de las empresas afectadas, que son 38, tengan una reducción de sus utilidades en alrededor del 7%. “Estas empresas tienen un alto poder de diversificación de su mercado, con lo que podrían colocar sus productos en otros mercado y disminuir su vulnerabilidad en términos futuros”, señaló.
El Gobierno ecuatoriano pidió el martes anterior la salida de la embajadora, luego de que en la víspera se hiciera público un cable filtrado por WikiLeaks y firmado por Hodges donde se asegura que había corrupción en la Policía Nacional y que el Presidente Rafael Correa designó como jefe de esa institución a una persona corrupta para manipularlo.
