Han pasado 19 años desde que Nelson Flores fue despedido del ingenio Aztra (hoy Ecudos), junto con aproximadamente 3.500 compañeros, en lo que la historia recoge como el mayor despido masivo en el país. Desde entonces larga ha sido la espera para que se reconozcan los derechos de los cesados.
Él laboró en el ingenio (estatal en esa época) por 20 años como electromecánico. «Venía desde Milagro (Guayas) a trabajar desde las 07:00 hasta las 19:00, incluso los sábados y domingos, cuando nos sacaron no nos reconocieron haberes atrasados, ni afiliación al IESS y otros derechos», comenta Flores.
En febrero de 1994 comenzó una huelga laboral para exigir el pago de haberes atrasados como las aportaciones al IESS. Las protestas duraron varios meses, pero el 22 de junio se produjo la sorpresiva venta del ingenio al grupo Isaías, por 100.000 dólares. Tres semanas después (14 de julio) se les notificó del despido.
Flores acudió, el pasado domingo, al auditorio del Municipio del cantón La Troncal (Cañar) para reunirse con otros cien excompañeros, luego de una convocatoria que efectuaron dirigentes del comité de extrabajadores para informar las últimas gestiones que se han realizado para encontrar una solución a sus añejos reclamos.
En el salón, Juan Heredia, otro exempleado y miembro del comité, dijo que a pesar de los años y de un fallo de la Corte Constitucional en contra de los extrabajadores en diciembre de 2011, se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. «Presentamos la denuncia el 8 de junio de 2012 y nos comunicaron que nuestra demanda está en estudio», informó Heredia.
Severino Rivera, secretario del Comité de Extrabajadores del ingenio, indicó que los despidos se produjeron luego de que la empresa fuera vendida a los Isaías, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén. «Según el contrato colectivo, el despido costaba 172 mil millones de sucres pero estábamos impagos tres meses. Los Isaías aprovecharon la desesperación y dijeron que tenían 50 mil millones: o lo toman o lo dejan», recordó, tras señalar que firmaron un acta de finiquito.
Pero Heredia aclaró que ahora no reclaman reliquidación, sino la nulidad del acta. «Si los jueces hubieran nulitado el acta la situación sería distinta, como no se dio ese caso, estamos en la CIDH porque buscamos una indemnización por la violación de nuestros derechos laborales», sostuvo.
Dijo que la CIDH les informó que como la mayoría de los demandantes es de la tercera edad se dará prioridad al caso por lo que no se descarta una eventual reliquidación por el tiempo que dejaron de laborar en la empresa y los gastos en los que incurrieron para sostener a sus familias. «No queremos llegar a extremos. Ojalá que el Presidente de la República nos escuche para llegar a una solución porque ya han pasado años y algunos excompañeros han muerto», sostuvo Heredia.
En 2002 la Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC) determinó inconsistencias en el pago que hizo el grupo Isaías a la Corporación Financiera Nacional (CFN), dueña del paquete accionario de Aztra, por 100.000 dólares, un valor irrisorio, según Severino Rivera. «Vendieron el ingenio a precio de gallina enferma», manifestó el líder sindical.
VENTA OCURRIÓ ENTRE JORNADA DE PROTESTAS
Cristóbal Román, exdirigente del ingenio (quien asistió a la reunión), recordó los días difíciles que precedieron al despido masivo, en 1994. «Estábamos en paro desde el mes de febrero, pero un día vinieron miembros de la FAE a reprimir la protesta. Allí murió el compañero Walter Santos».
Los trabajadores negociaban la compra del ingenio que estaba paralizado, pero llegó de sorpresa la noticia de que los Isaías lo habían comprado por 100.000 dólares, en medio de los reclamos del gremio.
