Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados por la compañía Chevron en la Amazonía ecuatoriana, afirmó que ningún dictamen arbitral podrá detener la sentencia que obliga a la petrolera el pago de USD 18 mil millones por contaminación ambiental.
El pasado 17 de febrero, un tribunal arbitral de La Haya (Holanda) suspendió la ejecución de la sentencia dictada por la corte de la provincia de Sucumbíos (frontera con Colombia). Sin embargo, Fajardo explicó que no se trata de un pronunciamiento de la Corte de La Haya, sino de un tribunal independiente del máximo órgano de internacional de justicia de las Naciones Unidas.
Según el jurista, el pronunciamiento del tribunal no tiene efecto jurídico en el contexto de que el objetivo de Chevron es imponer el derecho comercial por sobre los derechos humanos.
“La corte de Sucumbíos emitió una resolución muy importante en la que tomó el laudo arbitral, la ley del Ecuador y los convenios internacionales y concluyó en que la resolución no se aplica porque no se puede imponer el derecho comercial sobre los derechos humanos”, aseguró Fajardo en una entrevista hecha este viernes en GamaTV.
Para el abogado, todo lo que hace la empresa petrolera es un “gigantesco circo” para evadir su responsabilidad y no cumplir una orden judicial “por el crimen cometido en la Amazonía”.
Según explicó Fajardo, la empresa estaba obligada a pagar una caución para evitar que se ejecute la sentencia, pero no lo hizo y al contrario acudió a un arbitraje que “ni siquiera ha fijado jurisdicción y ya esta enviado laudos provisionales”.
“Es un gran negocio para los árbitros porque ganan plata a costa de las empresas y en contra de los estados” manifestó el jurista.
De acuerdo a la sentencia de primera instancia de enero de 2011, a principios de febrero venció el plazo para que la petrolera se disculpe por el daño ambiental causado en la Amazonía por Texaco (posteriormente adquirida por Chevron) entre 1964 y 1990.
La Corte Superior de Sucumbíos condenó a la petrolera a pagar unos USD 9 mil millones, pero advirtió de que ese monto se duplicaría si la petrolera no pedía disculpas a los afectados.
El proceso se encuentra actualmente en la etapa de casación (revisión de la sentencia) en la Corte Nacional de Justicia con sede en la capital, Quito.
