Las familias del sector Las Marías, en Monte Sinaí, iniciaron desde el domingo una resistencia frente a los nuevos desalojos que la Secretaría Técnica de Control de Asentamientos Humanos Irregulares prevé realizar esta semana.
En el fin de semana, las familias que recibieron la notificación colocaron banderas blancas en sus casas por sugerencia del personal del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH).
Grandes y pequeñas, izadas en un palo o un alambre, las improvisadas telas se observaron desde que se ingresa a Las Marías, por el lado de la avenida Casuarina. Algunas están con rótulos que rezan que el Acuerdo 607 afecta solo a invasiones asentadas después de 2010.
La intención pacífica de las banderas blancas contrastó con el ánimo de ciertos moradores que critican la medida adoptada por el Gobierno.
En medio de las críticas, hubo quien, incluso, planteó mantener de rehén a un equipo de este diario, que recorrió ayer el sector, como medida de presión frente a los desalojos. La idea no prosperó porque alguien dijo: «ellos no tienen la culpa».
Sin embargo, las personas consultadas no dudaron en culpar a M.Q.C. como responsable de vender lotes en el sector por valores entre $ 800 y $ 1.000, entre 2004 y 2006.
Gladys Marchán, quien habita desde 2005 en Las Marías, criticó el intento de retirar del sitio a las personas que tienen casi una década en el sector. «Yo llegué cuando apenas había siete casas en el lugar y el presidente Rafael Correa dijo que los asentamientos que estén desde hace 3 años queden en posesión… aún así recibí la notificación».
Un grupo admitió que existen propiedades construidas después de 2010, pero que las autoridades deben ubicarlas para no causar pérdidas a quienes son más antiguos.
El colectivo aseguró que sus vecinos de Thalía Toral fueron desalojados sin recibir notificación alguna, porque, supuestamente, salieron en defensa de quienes sí habían sido notificados del desahucio.
Algunos moradores de Las Marías han optado por salir voluntariamente, mientras que quienes se han decidido por la resistencia aseguraron que no quieren ser reubicados.
Susana Burgos afirmó que lleva cerca de una década en la zona y que no está interesada en los planes habitacionales del Gobierno porque no dan opción a formar un patrimonio familiar.
«Quienes compran casa en Socio Vivienda o Ciudad Victoria firman un documento que obliga a los descendientes del titular a dejar la vivienda en caso de muerte de quien la compró.
Vecinos inician acción legal contra los operativos
Un grupo de moradores del sector Las Marías presentó ayer una solicitud de medida cautelar, con el objetivo de detener los desalojos que actualmente se producen en el noroeste de la ciudad.
Según el escrito, los residentes del lugar señalaron que las autoridades han notificado que deben retirarse del lugar, a pesar de que existe una sentencia de 1996 en la que se los restituyen en los mencionados terrenos.Walter Plúas, líder del Comité Coordinador de la Gestión de Monte Sinaí, planteó la conformación de una mesa de diálogo con las autoridades para encontrar una salida al problema.
Por su parte, Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, denunció que durante las desocupaciones efectuadas en los últimos meses, por parte de entes estatales, no se han cumplido los procedimientos adecuados.
El representante de la organización precisó que está vigente el Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establece que en caso de los desalojos forzosos se establecen tiempos más largos para ejecutar el despeje de esos espacios. «Hay personas notificadas solo con ocho días de antelación».
María Luisa Velázquez, presidenta de la Fundación Santiago de Guayaquil de la Universidad Católica, ayer anunció que este centro educativo superior, junto a otros como la Casa Grande y Santa María, presentó una campaña para plantear alternativas al ordenamiento territorial de la ciudad.
La funcionaria indicó que hacen un llamado al diálogo para sentarse con las autoridades y seguir en este proceso de ordenamiento territorial, pero sugirió que sea de una manera no dolorosa y en la que no exista afectación a las personas de escasos recursos económicos.
«Eso es lo que preocupa a las universidades. Queremos la menor afectación y que todo sea muy claro para que las personas de esos sectores comprendan el problema».
Según ella, no se satisface la demanda de viviendas que necesita la clase popular, que en Guayaquil es de 7.000 casas anuales.
«Nuestro rol es dar un apoyo técnico a las personas de Monte Sinaí», manifestó la funcionaria.
