Mientras políticos y figuras de la oposición se empeñaban en la Asamblea Nacional, en los medios de comunicación y en las redes sociales, en defender a los banqueros y rechazar el Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, enviado por el Ejecutivo, un centenar de familiares, amigos y miembros de grupos sociales rendían ayer homenaje a Arturo Jarrín, ex fundador y líder de Alfaro Vive Carajo (AVC), asesinado el 26 de octubre de 1986, en el gobierno de León Febres-Cordero (LFC), por luchar por una justicia, equidad y reivindicación social.
El parque Julio Andrade, ubicado entre las avenidas Diez de Agosto y Veintimilla, al norte de la capital, fue el escenario para recordar al revolucionario nacido el 10 de enero de 1957 en Quito. “Fue el cuarto de nueve hijos, creció como todo un niño travieso, juguetón, cariñoso, vivaz y alegre. Como todo joven tenía sueños, ilusiones y esperanzas”, destacó, a las 10:17, Francisco Acosta, hermano de Juan Carlos, ex miembro de AVC que también fue asesinado. “Arturo no fue político de escritorio, retórico, demagógico o un repetidor de tesis expuestas en libros, no fue sectario, dogmático o personalista, fue hombre de acción, pensador, constructor”, manifestó.
Mientras que, asistentes al evento como Santo Rodríguez, de 43 años, un humilde pescador que llegó desde Santa Elena a rendir homenaje al “compañero revolucionario”, escuchaba en la radio de su celular la intervención de políticos que reprochaban el proyecto de ley enviado a la Asamblea en las últimas horas por el Gobierno de Rafael Correa. “Están sufriendo los banqueros y sus serviles porque les van a tocar donde más les duele: el dinero”, comentó otro de los asistentes al parque, donde se colocó una cinta roja en cada una de las 35 efigies levantadas en metal y vidrio en honor a las víctimas de la represión.
A decir de Acosta, es irónico que a los jóvenes que tomaron la opción de los pobres en la década del 80, en especial de 1984 a 1988, “el Febrescorderato haya decidido que había que liquidarlos, siendo que ese gobernante juró por Dios y por la Patria servir al pueblo, pero lo que cometió más bien fueron terribles crímenes, torturas y desapariciones, creyendo que al matarlos y desaparecerlos acababa con los alfaristas. Qué equivocados estaban, aquí estamos, seguimos de pie, firmes y aportando a la construcción de esa Patria justa, digna y humana”, dijo.
édgar Frías, otro ex miembro de AVC y compañero de Jarrín, señaló que han pasado cerca de dos años desde que el informe de la Comisión de la Verdad reveló y probó la violación de derechos humanos en el régimen de LFC (del Partido Social Cristiano) y los que lo sucedieron, pero que mientras Alberto Fujimori en el Perú está preso, Macera y Videla en Argentina fueron procesados, “aquí aún no se ha hecho justicia”.
Fue más allá al apuntillar que los responsables políticos y los ejecutores de esos crímenes de lesa humanidad que no prescriben era una clase política, una derecha que creía que había que ponerle precio a los seres humanos y que ejecutó una política de terrorismo de Estado. “No se trata de juzgar solo a los policías y militares que violaron los derechos humanos, sino a una clase política que tomó un método y una forma de terrorismo de Estado para detener la lucha social”, añadió.
Reiteró que quieren que se investigue porque están seguros de que Jarrín, asesinado antes de cumplir 30 años, fue sometido a las más feroces torturas, sus dientes cercenados, sus testículos y su cuerpo quemados con cigarrillo y finalmente baleado, aunque luego quisieron simular de que murió en un enfrentamiento en Carcelén. “Creemos que los asesinos no deben tener monumentos”, denunció al referirse a la efigie que se quiere poner en Guayaquil en honor a LFC, idea inspirada por el alcalde Jaime Nebot y los socialcristianos.
En cuanto a las investigaciones para esclarecer la muerte de Jarrín, el fiscal general, Galo Chiriboga, recordó ayer que tras la muerte de Jarrín, la Policía Nacional dijo que fue por un enfrentamiento armado suscitado en Carcelén (norte).
Sin embargo, el informe final de la Comisión de la Verdad, creada por el actual Gobierno, contradijo esa versión, al asegurar que Jarrín fue detenido el 24 de octubre de 1986 en Panamá y entregado con vida a las autoridades ecuatorianas. También se afirmó que fue víctima de tortura y ejecutado extrajudicialmente. Frente a ello, Chiriboga dijo que la Fiscalía solicitó información a las autoridades fronterizas de Colombia y Ecuador, para constatar la salida de Jarrín con identidad adulterada: como Milton Cervantes Suárez.
Además, se han tomado las versiones a oficiales de la Policía, a familiares de Jarrín, a sus ex compañeros
