El Fideicomiso no más impunidad a través de un comunicado de prensa ratificó que el embargó a la empresa Gran Tauro Grantau Cía Ltda., compañía que edita la revista Vanguardia, fue por adeudar al Estado ecuatoriano 13 meses de arriendo por el uso de oficinas incautadas al grupo económico del ex banquero Alejandro Peñafiel. Si la empresa que publica la revista paga ahora, se resuelve inmediatamente el problema, culmina el proceso coactivo y se le restituyen los bienes embargados.
El comunicado explica que el 17 de diciembre de 2010 la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD- CFN “NO MAS IMPUNIDAD” (UGEDEP) procedió a embargar los bienes de Esta acción coactiva, se ejecutó de acuerdo con el debido proceso notificando de forma previa y reiterada al deudor sobre sus obligaciones, sin obtener respuesta alguna. ¿A cuenta de qué, entonces, un negocio editorial privado, que vende al público sus productos y que cobra por la publicidad tendría un fuero o tratamiento especial, o peor aún, una subvención para no pagar arriendo cuando usa bienes del Estado?
El acto llevado a cabo por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso No Más Impunidad es el mismo que se realizaría con cualquier ciudadano o empresa que deba a la Unidad dineros de todos los ecuatorianos, y se niegue a cumplir sus obligaciones. Así se lo hizo con los bienes incautados a los banqueros corruptos y así se lo seguirá haciendo con quienes intenten lesionar al Estado, es decir a todos quienes quieran perjudicar a los ecuatorianos.
En el comunicado aclaran que la fuerza pública que intervino en la acción garantizó que el embargo tenga las seguridades no sólo para el acreedor sino también para el deudor, a fin de que los bienes puedan ser recuperados intactos una vez cumplidos los pagos. Los agentes del orden nunca cruzaron el umbral de las oficinas; todo el tiempo, los uniformados permanecieron en las afueras del edificio visitado por el depositario judicial a excepción de dos policías quienes solamente entraron a petición de un funcionario de la revista. Nunca se usó la fuerza.
Si la empresa que publica la revista paga ahora, se resuelve inmediatamente el problema, culmina el proceso coactivo y se le restituyen los bienes embargados. Por tanto, nada más tendencioso y ajeno a la verdad que tratar de hacer creer a la opinión pública que esta acción de cobro es un atentado a la Libertad de Expresión. El embargo es una medida cautelar para garantizar los recursos del pueblo ecuatoriano. Sostener lo contrario es mentir.
