Por 30 años el crecimiento urbano desmesurado ha creado las invasiones. Los líderes barriales, sin importar la falta de servicios básicos, lotizaban y vendían terrenos. Sin embargo, el negocio no concluía ahí. A los propietarios se les vendía el agua en tanqueros de su pertenencia, la seguridad barrial, el derecho de paso y también la energía eléctrica que era hurtada del sistema de redes de la ciudad.
Este diario publicó hace dos semanas un reportaje sobre lo que pagan los invasores por la energía. Ahora la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) solicitó a la Fiscalía General de la Nación que le asigne un fiscal de delitos energéticos para realizar operativos, con técnicos y peritos especializados en las zonas donde hay asentamientos irregulares.
El gerente de la CNEL, Bernardo Enríquez Escala, relata el caso de una mujer posesionaria de un lote que debía pagar al lugarteniente 30 dólares al mes por el consumo eléctrico.
“En otras palabras se estaba estableciendo en las invasiones la cachinería de la energía eléctrica. Esto debe terminar y el hurto en el Código Penal ecuatoriano estipula sanción de hasta 3 años de cárcel”, indica el funcionario.
En efecto, esta norma jurídica estipula que el uso fraudulento de los servicios públicos es considerado defraudación de fluidos y el robo de energía o apropiación fraudulenta de la electricidad es un delito que implica sanciones que van desde penas pecunarias, juicios coactivos y hasta la pena de prisión.
El desafío es serio ahora para la Fiscalía, que tiene en sus manos la tarea de detener el robo de electricidad. Por ejemplo, se calcula que en la zona de El Fortín viven 357.000 personas que carecen de servicios básicos y se estima que un 40% no tiene regularizado el uso legal de consumo de energía.
Aquello provoca las pérdidas negras por la no facturación del servicio, explica Enríquez, tras revelar que en el año 2010 el 24% de la distribución no fue facturada, es decir, no fue cobrada.
“Por cada punto porcentual el CNEL, hablo por esta corporación que agrupa a diez distribuidoras, deja de facturar 5 millones de dólares, una suma demasiada alta y que serviría para mejorar y aumentar el servicio a miles de personas”, dice el funcionario.
El fiscal Distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, revela que hace dos o tres meses el gerente de CNEL solicitó el apoyo de la Fiscalía para realizar operativos y lograr investigar el hurto de energía que causa perjuicio al país. La cristalización de ese pedido es un hecho y el CNEL ha proporcionado un espacio den las instalaciones, ubicadas en Malecón y Loja, con lo cual tendrá su base de operaciones.
“En los próximos días y semanas se organizarán operativos conjuntos donde si hay que detener a alguien, se lo hará. Y también se iniciarán procesos penales contra quienes se sorprenda hurtando energía. Ya no habrá más robo de electricidad”, indica.
