El fiscal general Galo Chiriboga anunció este jueves que en los próximos días realizará un pedido formal al Consejo de Seguridad Nacional para que levante la reserva de ciertos documentos relacionados con el operativo de rescate del presidente Rafael Correa, realizado el 30 de septiembre de 2010.
La operación se ejecutó en momentos en que el mandatario ecuatoriano se encontraba retenido en el interior del hospital de la Policía, donde se había refugiado en horas de la mañana luego de haber sufrido agresiones por parte de gendarmes sublevados.
El Consejo de Seguridad está integrado por el presidente y el vicepresidente de la República, el titular de la Asamblea Nacional y el presidente de la Corte Nacional de Justicia; los ministros de Seguridad, Defensa, del Interior, y de Relaciones Exteriores. También lo integran el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía.
El objetivo del Ministerio Fiscal es desclasificar la identidad de armamento que pudiera haber producido muertes, dijo Chiriboga.
En la operación de rescate murieron los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi; el policía Froilán Jiménez; y el estudiante Juan Pablo Bolaños.
Chiriboga garantizó que la Fiscalía realizará una investigación técnica y jurídica, cuyos resultados serán presentados en una cadena nacional.
Dijo que los hechos registrados a pretexto de una protesta policial “no pueden quedar bajo sospecha de nadie”.
“Todos estos hechos que requieran levantarse la reserva van a ser procesados de acuerdo con la ley”, dijo al precisar que para realizar este pedido es necesario sustentar la razón del requerimiento.
Respecto a las aseveraciones de asambleístas de oposición quienes aseguran que el proyectil que mató a Jiménez salió de armas militares, dijo que “técnicamente no son correctas”.
La Fiscalía inició 18 investigaciones por los hechos del 30 de septiembre: por delitos contra la seguridad pública, incitación a la rebelión de la fuerza pública, homicidio simple, atentado a la seguridad del estado, sabotaje, y por impedir el tránsito de personas, vehículos y mercadería.
Además de la provincia de Pichincha, existen varios procesos abiertos en Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Guayas.
